Arrestaron a directores de Catastro y Registro de la Propiedad por una estafa

Un nuevo capítulo se sumó ayer a la más reciente polémica político-judicial de Corrientes, con los allanamientos a reparticiones del Gobierno provincial y detención de altos funcionarios de esas áreas en el marco de una investigación judicial por estafa y asociación ilícita en la escrituración y venta de terrenos al costado de la Ruta Provincial 43 entre el barrio Bejarano de la Capital y el municipio de Santa Ana de los Guácaras, escándalo que salpicó hasta a un fiscal de cámara, derivó en el arresto de una escribana ligada al poder y con otras causas judiciales y la búsqueda de una abogada y figura del mundillo político vernáculo que permanece prófuga hasta el momento. La tranquilidad de la ciudad de Corrientes se vio alterada por los allanamientos simultáneos ejecutados por la Prefectura Naval Argentina (PNA) a pedido de la jueza de Instrucción Nº 6, Josefina González Cabañas, y el fiscal Nº 3, Gustavo Roubineau, en el marco de una investigación judicial a principio de año y que destapó una serie de irregularidades en la adquisición y comercialización de una vasta extensión de tierra a la vera de la mencionada carretera, en un sector de importante crecimiento en su valor inmobiliario en el tiempo reciente. Este diario ya había dado cuenta al respecto del caso cuando trascendió que entre los imputados figuraba el fiscal ante el Tribunal Oral Penal Nº 2, Edmundo Gustavo Schmitt, quien salió a dar explicaciones públicas al respecto y se mantuvo hasta la fecha en su cargo, sosteniendo acusaciones contra otros ciudadanos siendo el mismo un imputado por parte de su par Roubineau.

La novedad de ayer fue la detención de funcionarios de altos cargos de la Dirección de Catastro y del Registro de la Propiedad del Gobierno provincial en lo que supone un salto hacia el siguiente eslabón de la cadena delictiva que el fiscal Roubineau, destacado por su labor en otros casos de corrupción gubernamental, y la jueza González Cabañas se encuentra reconstruyendo a partir de documentos y testimonios. Dichos papeles cuentan con los avales de los representantes de dichos estamentos por lo que resultaba inevitable que quedaran incluidos en la causa, pero la consumación de las inspecciones y los arrestos son muestra del grado de certeza que manejan los funcionarios judiciales en un avance concreto luego de las imputaciones a Schmitt, su hijo Gustavo, otros presuntos "compradores de buena fe" y la detención de profesionales: la agrimensora y abogada Liliana Ortiz y la notaria Gladys Dionisia Báez, ambas alojadas en el Instituto Pelletier. Báez ya tenía cierta fama por haber tomado participación en su rol de notaria en la turbia cesión de una fastuosa casa del barrio Libertad a Ricardo Colombi, ex gobernador en tres oportunidades y actual miembro del Consejo de la Magistratura, donde hay un expediente en curso para dirimir la situación del fiscal Schmitt, tras la imputación por los terrenos en los que figura como propietario y cuya documental se cree apócrifa y motivó los más recientes arrestos. De hecho el propio Schmitt en su defensa radial había observado que los papeles que poseía habían pasado por los controles de Catastro y Registro de la Propiedad, que ahora quedaron en el ojo de la tormenta.

Ante la situación, desde las usinas del Gobierno provincial emitieron un comunicado informando que los procedimientos se dan en el marco de "la continuidad del proceso iniciado por las denuncias generadas por las respectivas oficinas de contralor de los mencionados organismos provinciales". Según la fuente oficial, "el mecanismo fraudulento fue detectado por los organismos de contralor de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble, cuyas autoridades oportunamente recurrieron al ámbito judicial para que proceda a corroborar las infracciones y los posibles delitos que se habrían intentado cometer". En tanto desde el Poder Judicial y el Ministerio Público no se emitieron comunicados al respecto. s