Estafa con terrenos: los funcionarios no declararon y continuarán detenidos
Los responsables de Catastro y el registro de la Propiedad se abstuvieron, al igual que otros 4 detenidos. Solo habló una y dijo ser inocente.
l disruptivo operativo encomendado a la Prefectura Naval Argentina (PNA) por el Juzgado de Instrucción Nº 6, a cargo de la doctora Josefina González Cabañas, le siguió una jornada más tranquila pero bajo igual hermetismo que la anterior. Los siete nuevos detenidos por el caso "Lotes de Santa Ana" comparecieron ayer durante toda la mañana ante la magistrada, quien les hizo saber la imputación en su contra. El silencio prevaleció salvo por una excepción. El grupo, que se suma a otros conjunto de imputados -entre los que se destaca un fiscal de cámara y una notaria con antecendentes de este tipo- está íntegramente conformado por funcionarios del Gobierno provincial; los más sobresalientes son María Eugenia Demetrio, directora del Registro de la Propiedad Inmueble, y Narciso Santín Toffoletti, director de Catastro. En ellos dos y en cinco de sus subalternos se posó la mira acusatoria del fiscal de Instrucción Nº 3, Gustavo Roubineau, quien pidió la detención de los 7 junto con una serie de allanamientos a la sedes de las reparticiones públicas y en domicilios particulares, lo que fue convalidado por la jueza González Cabañas.
Custodiados por agentes de la PNA, los aprehendidos fueron trasladados ayer a la sede judicial de calle Pellegrini 1056; a cada uno se les leyó la acusación y se les preguntó si iban a declarar, 6 se ampararon en el derecho constitucional de abstenerse de declarar en su contra, pero una acusada decidió declarar y rechazar plenamente los cargos: la doctora Mercedes Arostegui, jefa de Legales Catastro. Si bien no trascendió la totalidad de los nombres de los acusados, a los tres antes mencionados se suman los de Juan Alcides Ramírez y Mercedes Arce, quienes cumplían funciones en la misma dependencia que Arostegui y que tenía a su cabeza al agrimensor Toffoletti, tal como aún figura a la fecha en la página web oficial del Gobierno.
En esa nómina figura como jefa del Departamento Jurídico Administrativo la doctora Liliana Ortiz, que en febrero de este año había sido detenida junto a otras personas, entre ellas la notaria Gladys Báez, quien ya contaba con antecedentes en otros casos resonantes de corrupción. Ambas habían sido alojadas en el Instituto Pelletier de la ciudad de Corrientes, donde funciona la Unidad Penal Nº 3, cárcel para mujeres. En tanto, otros imputados permanecen en libertad, el más conspicuo sin duda es el fiscal ante el Tribunal Oral Penal Nº 2, Edmundo Gustavo Schmitt, quien persiste en su cargo.
"Nosotros cuando evidenciamos que la mensura era falsa, la escritura era falsa, iniciamos un incidente judicial. Por eso digo que Catastro y Registro también necesitan la pata de la Justicia, porque si no no se puede llegar a que los que no son propietarios se queden con el inmueble", dijo ayer la doctora Gloria Boleso, quien representa a los particulares damnificados en el caso. "Algo pasa con la Justicia, es lenta y no hacen bien las cosas", criticó durante una entrevista radial.
El caso de los lotes de Santa Ana tomó estado público a principios de 2022 cuando la jueza González Cabaña ordenó a la PNA concretar los primeros allanamientos en los que se produjeron una serie de detenciones, entre ellas las de Ortiz y Báez. El caso fue escalando y se filtró parte de la documentación probatoria que motivó al fiscal Roubineau a profundizar en la investigación y llegar a acusar a su colega, Schmitt (con quien en 2019 logró la condena por corrupción del ex gobernador Arturo Colombi), y ahora a las máximas autoridades de dos importantes estamentos estatales. Las pruebas hasta ahora reunidas dan un grado de certeza importante respecto a maniobras fraudulentas entre distintas esferas gubernamentales así como del sector privado para poder constituir una "asociación ilícita" que facturó millones de pesos con la venta de terrenos con títulos de propiedad apócrifos, pero certificados y autentificados por Catastro y el Registro de la Propiedad, tal como el propio doctor Schmitt lo resaltó en su defensa pública esgrimida a fines de mayo.
En esa ocasión el funcionario, quien está imputado junto a uno de sus hijos, aseguró que había comprado de buena fe los terrenos y no dudó en ningún momento, ya que confiaba en la persona que lo invitó a participar: la escribana Teresa Vázquez, quien se encuentra a la fecha prófuga