Causa Lotes: expectativa tras el pedido de excarcelación de cinco de los detenidos 

La investigación por la presunta estafa con lotes en la zona entre la ciudad de Corrientes a Santa Ana de los Guácaras continúa su desarrollo y se espera que en el transcurso de la semana las autoridades judiciales in­tervinientes resuelvan una serie de planteos efectuados por la defensa de los más re­cientes detenidos, los direc­tores de Catastro y el Regis­tro de la Propiedad Inmue­ble (RPI), junto a otras cinco personas, todas funciona­rias de dichos estamentos del Gobierno provincial. Fuentes judiciales infor­maron que las respectivas defensas de algunos de los imputados presentó un pedido de excarcelación que deberá tener un pro­nunciamiento del Juzgado de Instrucción Nº3, que tiene a su cargo la causa, y que de mantener el crite­rio adoptado en inciden­tes anteriores de este tipo, optará por el rechazo del beneficio, al menos hasta que esté terminada la eta­pa de investigación, iniciada a principio de año. 

Luego de los allanamien­tos realizados la semana pasada por la Prefectura Naval Argentina (PNA) a las oficinas de dichas reparti­ciones públicas, donde se concretaron los arrestos de sus máximas autorida­des: el agrimensor Narciso Santín Toffoletti (Catastro) y la escribana María Euge­nia Demetrio (RPI). Junto a ellos fueron detenidos otros funcionarios de segunda y tercera línea que -de acuer­do a la acusación del fiscal de Instrucción Nº6, Gusta­vo Roubineau- formaron el eslabón estatal de la asocia­ción ilícita conformada por las escribanas Teresa Váz­quez (prófuga a la fecha) y Gladys Dionisia Báez, ambas con conocidos vínculos con la política local: la primera ostentaba ser la próxima candidata a la Intendencia de Santa Ana de los Guáca­ras, mientras que la segunda tiene una causa previa por falsificar escrituras en fa­vor del ex gobernador y ac­tual senador y miembro del Consejo de la Magistratura, Ricardo Colombi. A ellas se suma Liliana Ortiz, abogada y agrimensora, quien junto a Báez están alojadas en el Instituto Pelletier (cárcel de mujeres). Ortiz además figu­ra como jefa del área de Ase­soría Legal de Catastro. 

Dado el riesgo de entor­pecimiento y de fuga, lo más probable es que la titular del Juzgado Nº 3, doctora Jose­fina González Cabañas, de­niegue las excarcelaciones de los acusados -cinco mu­jeres y 2 hombres- a menos que exista una fundamenta­ción que amerite una postu­ra contraria a la que ya había adoptado con Báez y Ortiz, y los demás detenidos en la primera tanda de allana­mientos ordenados a la PNA, luego de que se conociera el escándalo en febrero. Es que de acuerdo a la investigación del fiscal Roubineau, en la operación delictiva partici­paron varios agentes insti­tucionales que validaron las documentaciones apócrifas en diferentes instancias, incluyendo el momento de compra por parte de distin­tos interesados, entre ellos el fiscal de Cámara ante el Tribunal Oral Penal Nº 2, Gustavo Schmitt, y uno de sus hijos, quienes también están imputados en la causa pero en libertad. En el caso del funcionario judicial, si­gue en su cargo sosteniendo acusaciones contra otros en juicio. s