Gestión subvertida

Mientras Alberto Fernández fatiga el proto­colo institucional con visitas a las provin­cias y algunas salidas al exterior, que se volverán repetitivas en lo sucesivo, la ges­tión del Gobierno nacional se apoya, casi con exclu­sividad, en la figura del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, que se muestra y actúa como si osten­tara el rol de jefe del Ejecutivo. En los hechos es así, el Presidente se ha convertido en una pieza simbólica y el ex diputado es la imagen del poder real. El ministro plenipotenciario controla la lapicera.
En las últimas horas quedó en evidencia que Mas­sa toma decisiones, que luego el Presidente de la Nación refren­da estampando su firma en los decretos que gatillan la acción oficial. Ejemplo, ayer en el marco de las deliberaciones del Con­sejo de las Américas, un espacio que reúne a lo más granado del empresariado de la región, el su­perministro cometió dos trans­gresiones -una más grave que la otra- que lesionan el escalona­miento institucional. 
Massa dijo que hoy se promul­gará un decreto que agiliza la re­conversión de planes sociales en empleo formalizado. Un proyecto de largo aliento que buscar transformar en trabajadores a por lo menos 200.000 beneficiarios del asistencialismo estatal. También adelantó que el índice de desempleo del segundo trimestre del año bajó del 7%. Presentó el dato como una noticia alenta­dora de la recuperación económica del país, pero -qui­zás- no advirtió que estaba metiendo la pata.
Veamos: 1.- Resulta una desprolijidad manifiesta que el ministro anuncie el decreto que va a firmar el Presidente. Subversión de roles. Degradación brutal de la figura presidencial. 2.- Más grave aún es el hecho de que Sergio Massa divulgue información estadísti­ca que se supone es material clasificado del Estado. El informe del Indec sobre desocupación está pautado para dentro de un mes, el 21 de septiembre, sin em­bargo el ministro plenipotenciario lo anticipó ayer. 
Si bien Massa no dijo que el informe sobre la baja de la desocupación era del Indec, abrió sospechas la imprecisión sobre la autoría del trabajo. Si no fue el Indec, ¿quién hizo el estudio? El organismo estadísti­co oficial está dirigido por Marcos Lavagna, un delfín de Massa. Flaco favor a la transparencia.
La alta exposición del ministro contrasta con los po­bres resultados de la gestión. El drama social se pro­fundiza por la crisis económica. 
El costo de la Canasta Básica Total (CBT), que define el nivel de pobreza, registró en ju­lio un aumento de 6,3%, respecto de junio, y el de la Canasta Básica Alimentaria (CBA) un 6,8%, y se ubicaron por debajo del nivel de inflación en ese mes. Por lo que un grupo familiar de cuatro per­sonas necesitó en julio ingresos mensuales de $111.297 para no ser considerado pobre y de $49.465 para no encontrarse en situación de indigencia.
Desde diciembre pasado, la CBT registra un incremento de 46,2% y se ubica en el mismo nivel que la inflación de precios minoristas. La CBA acumula en el año un crecimiento del 50,1% se ubica cuatro pun­tos porcentuales por encima del aumento del costo de vida de los primeros siete meses del año, que fue de 46,2%. En ambas canastas impacta el aumento de precios de los alimentos, que es el principal compo­nente que la integran y fue de 6,0% en julio. 
En los últimos 12 meses el aumento interanual de la CBT fue de 64,7%. El costo de esta canasta duplica el Salario Mínimo Vital y Móvil de $45.540, que re­cién entró en vigencia en junio y que en agosto será de $47.850. También triplica la jubilación mínima que para julio era de $37.525 y que con el reciente aumen­to dispuesto por el Gobierno para septiembre será de $50.353.