El Gobierno pidió que la Justicia actúe y castigue a los funcionarios corruptos 

La investigación judicial que viene desarrollándose desde principio de año en torno a la compra y venta irregular de terrenos en la zona lindante a Santa Ana de los Guácaras y el ac­ceso Norte a la ciudad de Corrientes sigue su curso por el andarivel judicial: la causa tiene casi 20 deteni­dos, casi la mitad de ellos funcionarios del Gobierno provincial, mientras que las resonancias del escándalo institucional producto de los allanamientos de dos dependencias estatales de renombre, la Dirección de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble (los arrestos de sus respectivos titulares), siguen produ­ciendo ecos. Ayer se escu­chó por primera vez la voz gubernamental encarnada en el doctor Gustavo Val­dés; hasta entonces desde el Poder Ejecutivo solo se había emitido una gaceti­lla a través de la Dirección de Información Pública, atribuyendo a los organis­mos de control interno la detección de las maniobras espurias. La frase del man­datario resultó lacónica a la vez que rica en interpre­taciones: "Acá no hay im­punidad". Una sentencia, múltiples niveles de lectura. La más pedestre, una mane­ra seca de cortar la cadena de responsabilidades que escaló la pesquisa judicial a cargo del fiscal Gustavo Roubineau -todo un paladín anticorrupción que en su haber tiene el notable ga­lardón de haber logrado la condena de un ex goberna­dor, Arturo Colombi (2005-2009)-, que en su camino encarceló a importantes profesionales de la Escri­banía, la Agrimensura y la Abogacía, que lo condujo a imputar a su colega Ed­mundo Gustavo Schmitt, representante del Minis­terio Público ante el Tri­bunal Oral Penal Nº 2. La consecución lógica sería que en Corrientes no hay impunidad porque no to­dos los acusados que de­tentan funciones públicas están presos -a excepción de Schmitt- y a disposi­ción de la Justicia y no hay mucho más que ahondar, al menos en la esfera estatal. 

Una interpretación más amplia y menos anclada en lo local e inmediato refiere a la situación puntual de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kir­chner, que por estos días afrontó dos importantes batallas judiciales por mal­versación de fondos públi­cos de las que pretende salir absuelta. Un distanciamien­to político -en Corrientes la impunidad (al menos polí­tica) no existiría- que como costo y contrapartida im­plícita es el reconocimiento por parte del Gobernador de la corrupción dentro de la administración que con­duce, conducta empero, que tiene sus consecuencias. "Tienen que ir presos todos los culpables", había agrega­do a lo anterior durante una entrevista radial. Además, aseguró que no intervendrá los organismos implicados (por lo tanto, los funciona­rios no serán destituidos). "El ministro de Economía, Marcelo Rivas Piasentini, está a cargo", aseguró. Jus­tamente dicho funcionario había sido citado por los senadores provinciales de la oposición para ser inter­pelado y que brinde expli­caciones, pero el oficialismo no dio quorum y la sesión del jueves cayó. "Vamos a ver con claridad cómo es la maniobra, qué es lo que tenemos que hacer y poner a personas responsables", dijo Valdés y recalcó que "la Justicia tiene que actuar", dando vía libre a la acción pero a la vez cargando la responsabilidad del éxito o fracaso, no de la investiga­ción sino del proceso que debe llevarlos a juicio en tiempos adecuados, lo que en los antecedentes recien­tes de corrupción estatal a nivel provincial no ha su­cedido, tardando los casos más emblemáticos -Fondo Compensador y Causa Pu­blicidad- una década en avanzar a la segunda ins­tancia, restando en el caso de la segunda aún la con­firmación de las condenas en el Superior Tribunal de Justicia de Corrientes. No está demás decir que en ambos casos las penas im­puestas fueron de prisión en suspenso, nadie fue preso aunque sí quedaron inha­bilitados para ejercer cargos públicos. 

En tanto el fiscal de la causa, doctor Roubineau, había asegurado anteayer que iba a llegar a fondo con la investigación del caso para determinar todas las responsabilidades dentro de la organización criminal que cree haber destapado y la cual estaba constituida al menos por tres patas: las escribanas -entre las que sobresale Gladys Dionisia Báez-, los directivos y otros funcionarios de Catastro y el Registro de la Propiedad, y los particulares interesa­dos, quienes realizaron las compras pese a las irregula­ridades que fueron surgien­do en el curso de las nego­ciaciones, tal como en su momento lo había contado el fiscal Schmitt. s