El Estado distraído

Polémico, como es su costumbre, el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, reclamó dejar de lado la hipocre­sía y consideró que el Estado debe hacerse car­go de la situación derivada de la proliferación de me­nores en el mundo del delito. Concretamente propuso cambiar la ley penal juvenil en la Argentina, "porque -dijo- es inadmisible que todavía no se haya bajado la edad de imputabilidad". Sobre la base de su experien­cia en la trinchera policial, alertó que los chicos son la mano de obra barata del narcotráfico. 
No es necesario mucho recorrido en las orillas del sistema para advertir que hay una verdad inconmo­vible en las palabras de Berni. En la provincia de Corrientes se han inscripto ejemplos categóricos de esa relación infame de los carte­les de la droga y la juventud. Al­canza y sobra con recordar lo que sucedía -y tal vez aún sucede- en Itatí, que se reveló como el por­tal de ingreso de la marihuana al país proveniente del Paraguay. 
Gracias a la Causa Sapucay se descubrió la cobertura que la comunidad le daba al negocio de los narcos. Menores, niños y adolescentes, que hacían de vi­gía urbanos -los "Chajá"- u oficiaban de "Mulas" para transportar mercadería. 
"Para todos aquellos con cabeza progresista, les digo que tenemos que cuidar a los chicos, porque hoy como son inimputables son la mano de obra barata del narcotráfico, salen a hacer cualquier cosa en la ca­lle porque entran por una puerta y salen por la otra", señaló. Es verdad que Berni, que está todo el tiempo en campaña ya que el hombre tiene aspiraciones elec­torales, suele dinamitar sus mejores intenciones con medidas extravagantes, esta vez ha pulsado la tecla correcta instando a un debate que se hace necesario. "Se discutió el divorcio, la interrupción voluntaria del embarazo, pero no se discute qué hacemos con los menores que delinquen, qué hacemos con los fiscales que para no trabajar viernes, sábado y domingo libe­ran delincuentes", cuestionó.
Además, aseguró que "la seguridad no es sólo un problema policial" y pidió "mirar muy atentamente al Poder Judicial". Ciertamente todos los días se encade­nan episodios que ponen en evidencia esta realidad, la seguridad no depende solamente de lo policial. 
A menudo, los efectivos de las fuerzas terminan envueltos en situaciones apremiantes, que ponen en jaque su continuidad laboral por procedimientos que están inspirados únicamente en la observancia del or­den. Ejemplo: la detención de un revoltoso en la vía pública, un piquetero que impide el paso, un conduc­tor que desafía un retén policial, sólo por mencionar casos simples. El costo resulta todavía más grave en caso de desenfundar el arma. 
Las consecuencias de actuar, que los efectivos pagan sin con­templación, ha ido moldeando una conducta de cuerpo proclive a la indiferencia. Una fingida dis­tracción para no meterse en pro­blemas, algo que es totalmente contrario al principio del servicio policial.
Un buen ejemplo es lo que su­cedió este viernes en la zona de Teniente Ibáñez y Alberdi de esta ciudad, donde un grupo de vecinos cortó el tránsito durante toda la tar­de para alertar por la desaparición de un sujeto de 38 años. Desde el lunes no se sabía sobre su paradero y la familia, asesorada por un abogado, instaló un piquete que generó un caos fenomenal. 
El tipo apareció ayer, estaba instalado en una vi­vienda del barrio Popular. No había sido secuestrado ni sufrió percance alguno. 
¿Qué habría pasado si la Policía, en orden a la mi­sión que le corresponde, levantaba el piquete? Segu­ramente un escándalo. Ahora bien, ¿quién le devuelve el trastorno y las horas perdidas a los que quedaron entrampados en ese piquete inútil?
El Estado tiene que dejar de mirar al costado.