La Corte corrigió al STJ: anuló perpetua a asesino de "Ramoncito" porque era menor 

La Corte Suprema de Jus­ticia de la Nación (CSJN) volvió a corregir al Superior Tribunal de Justicia en su apartamiento de la norma­tiva internacional en mate­ria de derecho penal a que Argentina se encuentra en la obligación de respetar y ordenó que dicte una nue­va sentencia en el marco de la causa Ramoncito -el niño violado y decapitado en Mercedes en octubre de 2006- por crimen por el cual hay 10 personas con­denadas a perpetua, una de ellas tenía 17 años al mo­mento del hecho, situación que habilitó a su defensa a plantear la imposibilidad de semejante pena por ir en contra de los estándares actuales. 

Fuentes judiciales in­formaron que el fiscal ge­neral instruyó al defensor de Cámara y del Tribunal Oral Penal 1 de Corrientes doctor Nicolás Báez, para reclamar la aplicación en el truculento asesinato y vio­lación del niño mercedeño de un fallo de la Corte In­teramericana de Derechos Humanos (CIDH) que pro­híbe las penas de prisión perpetua a menores de edad. Una decisión adop­tada en 2015 por la Fiscalía General del Poder Judicial de Corrientes, que dispuso la intervención del Minis­terio Público de la Defensa para adecuar una senten­cia al dictamen del CIDH conocido como "Mendoza y otros vs. Argentina" per­mitió que se revise la con­dena a prisión perpetua a un menor de edad dictada en el caso Ramoncito. El doctor Báez logró que la Corte Suprema de Justicia de la Nación hiciera lugar al recurso extraordinario interpuesto oportunamen­te, y en una resolución del pasado 12 de este mes, deje sin efecto la sentencia. Es que en Corrientes tanto fiscales, defensores como asesores responden a un mismo jefe, el fiscal general César Sotelo, pese a que en la Constitución provincial se nombran las figuras de defensor general y asesor general. 

En 2017 en fallo dividi­do el Superior Tribunal de Justicia (STJ) rechazó el recurso defensivo, des­oyendo una orden del alto cuerpo internacional. El responsable de tal deci­sión fue el doctor Eduardo Gilberto Panseri, quien en la sentencia 65/17 sostuvo: "Basta decir que la marca­da excepcionalidad pro­pia de la ‘vía recursiva’ al no encuadrar, conforme a la especificidad, determi­na la inadmisibilidad del planteo, por cuanto no es estrictamente posible rea­lizar una extensión de los motivos, con fundamento en un pronunciamiento de la CIDH para que este tribu­nal pueda considerar que el hecho no constituya delito o encuadrar en una norma penal más benigna que la aplicada y en definitiva no se constata la proceden­cia de ninguno". El voto de Panseri recibió la adhe­sión de sus pares Luis Rey Vázquez (actual presidente del STJ) y Augusto Niz. En cambio votaron por la apli­cación del fallo Mendoza, el doctor Guillermo Semhan y la jueza sustituta Nidia Ali­cia Billinghurst. El ministro Alejandro Chaín no parti­cipó del decisorio debido a que había actuado como fiscal en la instrucción de la causa, arribando a la con­clusión de que el niño fue víctima de crimen ritual cúltico. 

Desde el Ministerio Pú­blico de Corrientes se in­formó ayer que se interpu­so un recurso de revisión contra el punto segundo de la sentencia Nº 2/11, del 5 de abril de 2011, de la Cá­mara Criminal de Mercedes (hoy Tribunal Oral Penal) que condenó a prisión per­petua a C.N.G., como coau­tor del delito de homicidio triplemente calificado por haberse cometido con en­sañamiento, alevosía y con el concurso premeditado de dos o más personas en concurso ideal con el delito de privación ilegítima de la libertad.

Esta condena contraría la jurisprudencia de la CIDH, que es de acatamiento obligatorio para los pode­res constituidos del Esta­do argentino en virtud del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional: "El Estado deberá asegurar que no se vuelva a imponer las penas de prisión o reclu­sión perpetuas a C.A.M., C.D.N. y L.M.M., ni a ningu­na otra persona por delitos cometidos siendo menor de edad. De igual modo, Argentina deberá garanti­zar que las personas que actualmente se encuentren cumpliendo dichas penas por delitos cometidos sien­do menores de edad pue­dan obtener una revisión de las mismas que se ajuste a los estándares expuestos en esta sentencia", señala dicho fallo del tribunal de Derechos Humanos.

La CSJN reconoció así que el planteo del doctor Báez era procedente al con­siderar no solo una vulne­ración de la prohibición de detenciones arbitrarias o ilegales y de sometimiento a torturas, penas o tratos crueles, inhumanos o de­gradantes y la obligación de tratar a toda persona priva­da de libertad con el respe­to debido a la dignidad in­herente al ser humano, sino también que la pena de pri­sión perpetua no resultaba proporcional con el fin de lograr la readaptación so­cial ni se ajustaba al están­dar de revisión periódica de la pena privativa de liber­tad impuesta al adolescente en cuestión. "Se hace lugar a la queja, se declara proce­dente el recurso extraordi­nario y se deja sin efecto la sentencia apelada", señala la resolución fechada días atrás. Ahora tras el nuevo "tirón de orejas" el STJ de­berá adecuar el fallo a lo mandado por la CSJN.s