Vialidad: dura carta de Alberto a Casal por su defensa al fiscal
El Procurador General lo había acusado de cometer una injerencia indebida al opinar sobre la investigación de la causa y cuestionar a Luciani.
Con una extensa carta, el presidente Alberto Fernández le respondió con dureza al procurador general de la Nación, Eduardo Casal, quien lo había acusado de cometer una "injerencia indebida" por opinar sobre la causa de Vialidad Nacional, en la que el fiscal Diego Luciani pidió condenar a Cristina Kirchner a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para desempeñar cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita.
A través de una nota, de cinco páginas, el Jefe de Estado rechazó los dichos de Casal e indicó que "lejos de importar un menoscabo a la independencia y a la autonomía, o una injerencia indebida en el proceso" sus declaraciones ‘constituyen una expresión de lo que observa gran parte de la ciudadanía". Según Fernández, "la coincidencia es que a la hora de actuar, muchos magistrados y funcionarios de la Justicia Federal prestan más atención a determinados intereses fácticos y políticos que a las normas vigentes y que esta situación hiere a la democracia que tanto esfuerzo y dolor nos costó conseguir a los argentinos". En su defensa, Fernández apunta: "Dichas expresiones en modo alguno pueden ser interpretadas en el sentido de querer condicionar el accionar de un funcionario y ello queda claro toda vez que fueron vertidas cuando el fiscal de la causa ya había finalizado su alegato en el proceso". Para magistrados y juristas, en cambio, sintetizó una intromisión en el funcionamiento de la Justicia y violó los límites establecidos en el artículo 109 de la Constitución. "No obstante -agrega el Presidente- es oportuno señalar que el Poder Judicial y sus magistrados y funcionarios no están ni podrían estar exentos de críticas y opiniones en una sociedad democrática".
La carta en la que Casal le manifestó su "profunda preocupación" había provocado mucho malestar en la Casa Rosada, donde intentaban apagar el escándalo en sintonía con el fastidio que provocó en el kirchnerismo que, con su desliz, el Presidente había cambiado la agenda que había logrado instalar CFK con su operativo de victimización.
Así, el Gobierno debatió con intensidad el alcance de la respuesta, para no romper con el pedido K que explicitó crudamente la titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, cuando le pidió que "hable lo menos posible". Fernández escribió la carta durante la noche del jueves, bajo la asesoría de la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y del vicejefe de Gabinete, Juan Manuel Olmos.
Arroyo Salgado: "Lamento que se meta en asuntos de la Justicia"
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado contó el impacto que generó dentro de su familia y en la Justicia, las declaraciones del presidente Alberto Fernández hablando de la muerte de Alberto Nisman como "un suicidio", desconociendo los fallos judiciales y la causa en trámite. Tras las definiciones del Presidente, la jueza y ex esposa del fiscal salió a contestarle: "Lamento que en vez de hacer declaraciones sobre la gestión, esté ocupando su tiempo en inmiscuirse en asuntos de la Justicia", dijo.
Sandra Arroyo Salgado no durmió prácticamente la noche del miércoles cuando Alberto Fernández habló de Alberto Nisman, en contra del fallo judicial que resolvió que fue víctima de un homicidio. El Presidente dijo que "hasta acá, se suicidó" y que esperaba que el fiscal que pidió la condena a 12 años para Cristina Kirchner, Diego Luciani, "no haga lo mismo".
"Lamento profundamente, porque acá hay una causa judicial que determinó un homicidio", afirmó la jueza en alusión a lo dicho por el Presidente sobre aquel 18 de enero de 2015 en Puerto Madero.
La magistrada dejó su crítica a la dirigencia política "no sólo a la fuerza gobernante, sino también a la oposición".
"Me resulta difícil de entender y me apena que hoy el tema de agenda sea este y no las necesidades reales de los argentinos. El Poder Ejecutivo tiene que ocuparse de la gestión, de la administración, y hay que respetar el espacio de cada uno, y esto (por la causa sobre la muerte de Nisman) está en manos de la Justicia, a la que hay que dejar que resuelva e investigue sin condicionamientos", consideró. La "intromisión del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial" es un factor que a Arroyo Salgado le preocupa desde el plano institucional. En lo más puntual, mencionó que hay un expediente judicial con un procesamiento por homicidio "y se contradice lo que sostiene el expediente". Ella se refiere al expediente en manos del juez federal Julián Ercolini y el fiscal Eduardo Taiano. El mismo determinó que pese a no dar con los autores, calificó la muerte del ex fiscal de la UFI-Amia como un homicidio agravado