Estafa con terrenos: el Gobierno se mete en la causa con el fin de recuperarlos 

Luego de que el gober­nador de la provincia de Corrientes, Gustavo Valdés, ordenara a la Fiscalía de Es­tado que intervenga en la causa de los Terrenos, por la cual hay más de 20 deteni­dos, entre ellos altos funcio­narios de la administración pública, la semana entrante se realizarán las primeras presentaciones, dijeron fuentes policiales. Según lo informado, el objetivo últi­mo de estas acciones es ante todo la recuperación de los terrenos que, si bien eran privados al morir su propie­tario y no haber herederos, debían volverse de dominio público, pero al menos algu­nas de las falsificaciones de documentación impidieron tal transferencia, desviando los bienes hacia terceros que luego los vendían a perso­nas acaudaladas, como el fiscal ante el Tribunal Oral Penal Nº 2, Gustavo Schmitt, quien está imputado en el caso pero sigue ejerciendo el cargo. Desde el Poder Eje­cutivo aseguraron que "du­rante la semana que viene realizarán las presentacio­nes correspondientes para cumplir con las directrices del mandatario provincial". El titular del área legal del Gobierno, Horacio Ortega, mantuvo conversaciones con el fiscal de Instrucción Nº 6, Gustavo Roubineau, quien lleva adelante la acu­sación por asociación ilícita, estafa e incumplimiento de los deberes de funcionario público. La comunicación -dijeron desde las usinas del Gobierno- consistió en informarle al representante del Ministerio Público sobre la decisión de ser querellan­te en la causa. No obstante, la decisión de dejar accionar o no a la Fiscalía de Estado le corresponde a la jueza que entiende en el caso, doctora Josefina González Cabañas, a quien Ortega y su equipo de abogados deberán pre­sentar a partir del lunes la documentación correspon­diente para sostener que las maniobras delictivas que afirma el fiscal Roubineau han afectado al erario. 

"Estamos iniciando las presentaciones correspon­dientes para cumplir con la instrucción emanada por el gobernador Valdés. Vamos a revisar todo para determi­nar si se ha atentado contra los intereses de la Provin­cia, pero sobre todo ante los bienes de la misma", señaló Ortega en un comunicado oficial dado a conocer ayer, una semana después de que el propio mandatario provincial anticipara este movimiento, como parte de una estrategia de desacople respecto a lo que sucedía en las direcciones de Catastro y el Registro de la Propie­dad Inmueble, tanto de sus respectivos titulares y otras seis funcionarias que están imputadas y detenidas por esta investigación. "Tene­mos muy clara la tarea que debemos realizar. Vamos a defender los intereses y de­rechos de la Provincia ante los tribunales de Justicia en los casos y en la forma que establecen la Constitución y las leyes, como parte legí­tima en todos los procesos donde se controviertan in­tereses o bienes del Estado Provincial. El Gobernador nos dio la libertad de acción para evitar que se defraude a nuestra Provincia", explicó Ortega.

La semana pasada Valdés habló por primera vez del tema, hasta entonces desde el Poder Ejecutivo sólo se ha­bía emitido un gacetilla a tra­vés de la Dirección de Infor­mación Pública, atribuyendo a los organismos de control interno la detección de las maniobras espurias. La frase del mandatario resultó lacó­nica a la vez que rica en in­terpretaciones: "Acá no hay impunidad". Una sentencia, con múltiples niveles de lectura. En el más pedestre, una manera seca de cortar la cadena de responsabili­dades que escaló la pesqui­sa judicial a cargo del fiscal Gustavo Roubineau -paladín anticorrupción- y que en su camino encarceló a impor­tantes profesionales de la es­cribanía, la agrimensura y la abogacía y que lo condujo a imputar a su colega Schmitt, con quien en 2019 había lo­grado que se condene al ex gobernador Arturo Colombi (2005-2009). El mensaje (ci­frado) de Valdés también iba dirigido a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fer­nández de Kirchner. s

"Herencia vacante" 

"Esto de que no permitan que los bienes ingresen al Es­tado provincial como herencias vacantes es grave -dijo Valdés-, queremos saber con claridad cómo es la manio­bra, qué es lo que tenemos que hacer y poner presas a personas responsables porque acá no hay impunidad. Tienen que ir presos y pagar los culpables. La Justicia tiene que actuar. Nos constituimos como querellantes y dentro del marco de la ley tratar de recuperarlos".