El ajuste en discapacidad

Sin respuesta concreta del Gobierno nacional y en medio de la distracción generalizada de los representantes provinciales en el Congreso de la Nación, los integrantes del denominado Colectivo de Discapacidad, que nuclea a padres de chi­cos con distintas discapacidades, a profesionales de la salud y acompañantes terapéuticos, decidieron man­tener el acampe en Plaza de Mayo, frente a la Casa Ro­sada. Ayer completaron la tercera jornada consecutiva de protesta y hoy (viernes) decidirán, en una asamblea, cómo continuará el plan de lucha. Muy probablemente continúe de manera permanente la carpa blanca que instalaron en la plaza que es el corazón político de la Argentina. La movida congre­ga a familias de todo el país, hay varios correntinos fuertemente involucrados en la manifestación que busca, puntualmente, que cese "el ajuste en discapacidad". 

Los reclamos son variados, pero tienen un denominador común: la indolencia del Estado frente al incumplimiento de las obras sociales sindicales, estata­les y privadas. La denuncia tam­bién salpica a las prepagas que miran para otro lado cuando se trata de atender la discapacidad. 

Si bien la exigencia en el pago a las obras sociales para que estas puedan depositar los sueldos a los pres­tadores es uno de los pedidos centrales, también se plantea la necesidad de garantías en equipamientos en tiempo y forma, y medicación, además de un aumen­to salarial acorde a la inflación, el pago a mes vencido, mejores condiciones para los AT y la aprobación de tratamientos en 15 días. El problema afecta a las fa­milias de chicos con discapacidad, que se quedan sin prestación de salud, pero también a los profesionales que brindan tratamiento y no consiguen cobrar por el trabajo realizado. 

Desde el Ministerio de Economía de la Nación nega­ron recortes en el área, y el secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, Juan Ross, se encargó de explicar en conferencia de prensa posreunión de Gabinete que los pagos están hechos. "Es nuestro deber informar que las modificaciones administrativas tomadas por subejecución presupuestaria en algunos sectores no afectan a dichas áreas", explicaron desde el área con­ducida por Sergio Massa, al tiempo que se desligaron de las demoras en los pagos por parte de las obras so­ciales. Los funcionarios se ocuparon de aclarar que el circuito de pago es extenso y nuclea a varios actores. 

Los acompañantes y entidades reciben por sus ser­vicios pagos de las obras sociales. Si la persona no cuenta con obra social, el pago viene de la Andis, or­ganismo descentralizado en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia, vía el programa Incluir Salud. A través de un Fondo Solidario de Redis­tribución, compuesto por el 9% de los aportes y contribuciones (3 puntos de los trabajadores regis­trados y el 6% de las empresas) y de multas de la Superintendencia de Salud, el Estado administra los recursos para que las obras socia­les puedan depositar el salario de los prestadores. 

El punto es que el dinero no llega a donde tiene que llegar, los profesionales no cobran y los chi­cos se quedan sin tratamiento. 

La Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) que depende del Ministerio de Salud de la Nación, se encarga del deposito de las obras sociales sindicales, que son 300, y requieren, a su vez, del desembolso de Afip. Es decir, los prestadores rinden su facturas a las obras sociales, que a su vez lo presentan en la SSS para una auditoria y posterior elevación del pedido a Afip para garantizar el giro de plata que surge del Fondo en cuestión. 

Ayer una comitiva del Colectivo de Discapacidad fue hasta la Afip, allí le dijeron que el dinero se deposita regularmente. ¿Por qué no llega a donde corresponde? Nadie lo sabe. El Estado mira desde afuera el drama humano.