Austeridad incompatible
El Gobierno dio marcha atrás y dispuso que los planes Potenciar Trabajo y el Progresar sean complementarios. Otra vez, con la nariz fuera del agua, continúa el dispendio.
Por vía de una resolución -que lleva el número 1640- el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación dejó sin efecto la "incompatibilidad" entre dos planes sociales: el Potenciar Trabajo y la Beca Progresar otorgada por la Anses a jóvenes estudiantes que pertenecen, supuestamente, al segmento más vulnerable de la población. De esta manera el gobierno del Frente de Todos dio marcha atrás con una decisión que se había tomado hace un par de semanas en medio del ahogo financiero que sufría el país y que empujó al cambio de ministro de Economía y la activación de un plan de ajuste encubierto. La "incompatibilidad" que ahora ya no corre obedecía también a una idea estructural: ordenar la administración de los planes y limpiar los padrones para evitar el dispendio de recursos del Estado, conforme a la advertencia que en su momento hizo la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Un acampe en el Obelisco porteño, seguido de un "piquetazo" frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social y la quema de neumáticos en el Puente Pueyrredón con una movilización que se desactivó rápidamente forzaron el cambio de rumbo, y aquello que parecía una señal de austeridad se convirtió en una ratificación del populismo asistencial sin reparos.
No es un dato menor que el viraje se haya producido con Sergio Massa en el nuevo pope de Economía, en el exterior, al mismo tiempo que engordan las reservas del Banco Central -con nuevo endeudamiento internacional- que dan un aparente y transitorio alivio a la situación financiera.
Corresponde señalar también que la Resolución de Desarrollo Social que desactivó la restricción de incompatibilidad fue firmada por Juan Zabaleta, "Juanchi", el interventor federal del Partido Justicialista de Corrientes. El hecho es que las protestas de los movimientos sociales fueron catalizadas por la decisión de la Secretaría de Economía Social, a cargo del líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, de dar de baja a 40.000 beneficiarios que percibían 24.000 pesos a través del programa Potenciar y que además cobraban 7.400 pesos del Progresar, un subsidio destinado a los jóvenes más vulnerables para que se capaciten, aprendan un oficio y evitar el "desenganche escolar".
A pesar de las protestas y de presentarla como una medida "injusta" y "a la medida del Fondo Monetario Internacional" en momentos en que el ministro de Economía, Sergio Massa, se reúne con funcionarios de ese organismo en Estados Unidos, la diferenciación estaba justificada, ya que la reglamentación vigente establecía que "el único ingreso compatible con el Potenciar es la Asignación Universal por Hijo (AUH)". Pese a esto, el jueves a media tarde, Zabaleta y sus colaboradores elaboraron una nueva resolución ministerial que puso fin a esa "incompatibilidad".
En apenas seis líneas eludieron el impedimento reglamentario y dejaron atrás la pretendida austeridad: "Establécese que la percepción del incentivo otorgado a la población destinataria del ‘Programa de Respaldo a Estudiantes Argentinos (Progresar)’, creado por el Decreto de Necesidad y Urgencia Número 84 del 23 de enero de 2014, resulta compatible con el ingreso y la permanencia de los mismos como titulares en el Programa Nacional de Inclusión Socio-Productiva y Desarrollo Social ‘Potenciar Trabajo’ y la percepción del Salario Social Complementario a partir del 1º de agosto de 2022".
La decisión ministerial también incluye a quienes perciben el Salario Social Complementario, una medida que será oficializada en los próximos días en el Boletín Oficial y que sigue el camino de sostener el flujo de asistencialismo al ritmo de los dólares frescos que van entrando a las reservas. Con la nariz otra vez fuera del agua, el Gobierno vuelve al modelo. s