Padres de la niña cautiva rechazan asistencia judicial

La historia de R.A.G, la niña de 12 años que la semana pasada estuvo cautiva durante casi tres días, tiempo en el que habría sido víctima de un delito contra su integridad sexual, sumó un nuevo capítulo luego de que sus padres rechazaran que ella recibiera asistencia de un organismo del Poder Judicial, especializado en atención a este tipo de víctima. La novedad fue informada por el Ministerio Público lamentando la actitud de los progenitores, quienes estuvieron en compañía de su abogado, el doctor Hermindo González. Por el hecho, la Policía había detenido a dos jóvenes y con el avance de la investigación las sospechas se centraron en uno solo, mientras que el otro fue liberado tras una protesta de sus familiares.
El Ministerio Público emitió ayer un comunicado oficial, en el que informó que "el viernes 9 de septiembre, apenas se dio con el paradero de la niña R.A.G, se pusieron a disposición de su familia todos los recursos de la Unidad de Asistencia y Atención a la Víctima (Unaavi). En ese marco, se convocó a través de su abogado, doctor Hermindo González, a una entrevista interdisciplinaria para el lunes 12". De acuerdo a lo informado, de la reunión participaron R.A.G, sus progenitores -cuyas identidades se preservan para no revictimizar a la menor- y el representente legal de los mismos. "Durante la entrevista, la coordinadora de la UNAAVI, licenciada Belén Semhan, explicó a los presentes los objetivos y alcances de la asistencia que puede brindar esta unidad del Ministerio Público, por ejemplo la contención psicológica, la articulación con instituciones educativas o recreativas y el acompañamiento permanente mientras dure el proceso", agrega el parte.
Las fuentes remarcaron que en virtud de que la víctima es una menor de edad se solicitó a los padres que presten el consentimiento formal que requiere la Unaavi en este tipo de casos, porque así lo indica su guía de actuación; sin embargo se negaron a brindar esa autorización. "Como es lógico, esta negativa truncó todo tipo de intervención que pudiera hacerse desde el Ministerio Público para acompañar y contener a la niña y a sus familiares, mientras se investiga lo que sucedió durante esos días en que se reportó su desaparición", aseguraron desde el organismo judicial.
Se supo que uno de los principales reclamos hechos por los progenitores a los agentes judiciales fue el hecho de no haber concretado la declaración de la niña en cámara Gesell, lo que permitiría dar detalles de lo que le sucedió y servir de prueba para la acusación contra I.Z., de 20 años, un estudiante universitario que se habría llevado a la nena ocho años más chica de la puerta de la Escuela 14 y mantenido cautiva en un departamento de la zona de los barrios San Gerónimo y San José. En esas circunstancias, la menor habría sido menoscabada en su integridad sexual dado que por su edad y la ley vigente no puede consentir un acto de semejante tenor, por lo que el joven ha sido acusado de privación ilegitima de la libertad y abuso sexual. s
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