Causa Terrenos: nuevo allanamiento en el centro en busca de una sospechosa 

La investigación judicial por la estafa con terrenos presuntamente cometida por una asociación ilícita conformada por escribanas, abogados y funcionarios de la Dirección de Catastro y el Registro de la Propiedad Inmueble volvió a emerger con un sorpresivo allana­miento de la Prefectura Na­val Argentina (PNA), fuerza de seguridad que tiene a su cargo las actuaciones por orden de la jueza que en­tiende en el caso, la doctora Josefina González Cabañas. El procedimiento se con­cretó en un departamento de la zona del centro de la ciudad de Corrientes, don­de agentes uniformados con la correspondiente orden allanaron un departamento propiedad de una mujer, la cual estaría involucrada en la causa aunque no se tuvie­ron detalles de su identidad. Por el caso hay más de 20 personas detenidas, casi la mitad son funcionarios de alguna de las mencionadas reparticiones del poder Eje­cutivo, entre ellos sus res­pectivos directores. 

Fuentes cercanas a la pes­quisa comentaron que el procedimiento se "realizó mediante un allanamien­to en un edificio de la calle Mendoza 939". El mismo se llevó a cabo durante la ma­ñana del miércoles y motivó la curiosidad de transeúntes debido al notorio despliegue de agentes de la PNA, tal como había ocurrido en el mes pasado cuando fueron inspeccionadas las oficinas de Catastros y Registro de la Propiedad, además de domicilios particulares. "El personal de Prefectura llevó adelante el procedimiento en un departamento ubi­cado en el cuarto piso en el marco de la causa Catastro", aseguraron las fuentes. Ade­más detallaron que "estaban buscando a una mujer que tendría relación con la causa y vivía allí, pero no la encon­traron, y debieron forzar la puerta para llevarse docu­mentos del lugar". 

Con este nuevo procedi­miento, la causa por el uso fraudulento de terrenos de alto valor inmobiliario en la actualidad en la zona de Santa Ana de los Guácaras volvió a tomar visibilidad tras el escándalo generado en agosto con las detencio­nes de las máximas auto­ridades de los estamentos donde se tramiten los do­cumentos atinentes a estas cuestiones. La pesquisa que lleva adelante el fiscal Gus­tavo Roubineau, tiene por acreditado que existió una organización criminal libe­rada por la escribana Gladys Dionisia Báez para quedar­se con terrenos que debían volver al estado provincial por falta de herederos, para que estos pudiera suceder necesitó por una lado de "prestanombres’ y abogados y por otro de facilitaciones y favores en lo burocrático en dichas oficinas. 

Finalmente de "compra­dores de buena fe’" como supuestamente lo es el fiscal de Cámara, Gustavo Sch­mitt, quien es uno de los im­putados en la causa aunque sigue en funciones como acusador en juicios ante el Tribunal Oral Penal 2. 

Por la causa permanece prófuga la falsa escribana Teresa Vázquez, quien al igual que Báez tiene fuertes vínculos con el mundo de la política vernácula y sus figu­ras, algunas de gran peso en la escena provincial. s