El Estado intocable

En una maratónica sesión en la Cámara de Di­putados de la Nación, el gobierno del Frente de Todos consiguió que se apruebe la Ley de Consenso Fiscal, proyecto que ya tenía media sanción del Senado y que era de especial interés para la Casa Rosada, pero también para los gobernadores, incluidos los tres radicales que en su momento estam­paron la firma en el documento que les propuso el pre­sidente Alberto Fernández y que básicamente consiste en un nuevo esquema de reparto de los escasísimos recursos que dispone el Estado. El denominado "Con­senso" le garantiza al Gobierno central una mayor ta­jada de la torta y al mismo tiempo deja expedito el camino para que las provincias busquen fondos frescos por el conducto de mayor presión tributaria. En síntesis, el dispendio no se toca.

Aunque el texto rubricado en su momento en la Presidencia, que luego dio forma al proyecto ahora convertido en ley, abundan men­ciones sobre el presunto objetivo de controlar el déficit fiscal, en los hechos no contempla medidas de austeridad. Hay sí una transferen­cia de recursos de una esfera a la otra, pero de ninguna manera estipula reducción del gasto. 

Este "Consenso" forjado al calor del triunfo del kirch­nerismo en 2019 vino a reemplazar al que se diseñó y aprobó durante el mandato de Mauricio Macri que im­ponía un ajuste gradual de gastos. Todo eso ha quedado en el olvido, el Estado no se achica. 

En esta instancia, el gobierno de Cristina Kirchner, que tiene como presidente a Alberto Fernández y como ministro de Economía a Sergio Massa, contó con apoyo del Interbloque Federal, los bloques provinciales y le­gisladores del radicalismo que responden a los gober­nadores para hacer avanzar la iniciativa en Diputados. Obtuvo 136 votos afirmativos, 108 negativos y 4 absten­ciones. 

Los diputados correntinos votaron a favor, algunos por convicción, otros por disciplina. 

Entre otros puntos, el Consenso Fiscal habilita a las provincias a crear nuevos impuestos y subir las alícuo­tas de algunos ya existentes, como Ingresos Brutos y Sellos. También estipula que sólo podrán tomar deuda en dólares con líneas de financiamiento con organis­mos bilaterales o multilaterales de crédito, establece que el gasto puede aumentar con relación al crecimien­to del producto bruto interno y obliga a los distritos a desistir de cualquier juicio contra el Estado nacional.

La iniciativa generó algunos roces dentro de Juntos por el Cambio que ya votó dividi­do en el Senado. En sintonía con lo que ocurrió en la Cámara alta, donde la oposición votó dividida, el oficialismo contaba con que los tres gobernadores radicales (el jujeño Gerardo Morales, el corren­tino Gustavo Valdés y el mendoci­no Rodolfo Suárez) influirían sobre sus diputados para que ratifiquen el proyecto.

Los cuestionamientos internos en Juntos por el Cambio quedaron en claro con la intervención del economista del PRO Luciano Las­pina. "Este Consenso Fiscal repite el principio de sal­vación de la política sacrificando a los contribuyentes. Nosotros estamos para representar a los contribuyen­tes, no defendemos gobernadores. Además, este acuer­do termina de dinamitar el Consenso Fiscal de 2017, que reducía impuestos y congelaba el empleo público".

Así, una vez más Juntos por el Cambio asoma dividi­do, incluso incoherente frente a un principio que debe­ría ser liminar: el de darle salud fiscal al Estado por vía de la reducción del déficit.

La creación de impuestos o el aumento de las alícuo­tas de aquellos impuestos que ya existen, es decir la denominada "presión tributaria" es un divisor de aguas entre la UCR y el PRO. Se declama mucho al respecto, pero a la hora de votar no dan el ejemplo. s