Valdés reemplazaría a directores que hace un mes están detenidos por estafa 

Las recientes actividades investigativas en el marco de la causa por la estafa con venta de terrenos en Santa Ana de los Guácaras sumó ayer una réplica desde el Gobierno provincial: nue­vamente fue el gobernador, Gustavo Valdés, quien se refirió al tema y a más de un mes de las detenciones de los directores de las direc­ciones de Catastro y Registro de la Propiedad Inmueble, Narciso Toffoletti y María Demetrio respectivamente, anunció que serán despe­didos y reemplazados por otros funcionarios. Las de­claraciones se dieron luego de nuevos allanamientos en el microcentro de la ciudad de Corrientes por parte de la Prefectura Naval Argentina (PNA) que, si bien no suma­ron detenciones, volvieron a posicionar el tema en la agenda mediática dando pie a una nueva intervención del jefe del Estado provin­cial, desmarcándose de la cuestión de la corrupción en su gestión. 

"Es la Justicia correntina la que está investigando, no es la Justicia extraterrestre o la nacional. Es la Justicia correntina la que está ac­tuando contra un organis­mo público que está en una maniobra de defraudación. Y que los funcionarios que están involucrados, sea por asociación ilícita o por esta­fa, deben ir presos. Y tienen que pagar, como cualquiera, y tener su sentencia", afirmó el Gobernador durante una entrevista. 

Mientras la pesquisa por los presuntos delitos co­metidos por un grupo de escribanas, abogados y fun­cionarios de las menciona­das reparticiones estatales prosigue en su desarrollo, que hasta el momento ha registrado más de 20 deten­ciones y una decena más de imputados, entre ellos im­portantes funcionarios judi­ciales, el gobernador Valdés volvió a ser consultado al respecto y aseguró que tiene la decisión tomada de cam­biar los directores de las dos áreas cuestionadas, lo que es signo del desamparo en el que quedaron Toffoletti y Demetrio. 

"Es imprescindible cono­cer la profundidad del daño al Estado, principalmente a la fe pública. Queremos sa­ber qué es lo que pasó con­cretamente. Había una per­sona a cargo del Registro de la Propiedad Inmueble que venía de carrera, que fue impuesta luego depuesta y finalmente repuesta por la Justicia. Actuó en com­plicidad con el segundo de otro organismo que después del fallecimiento del titular quedó a cargo. Como administradores del Estado, nos senti­mos afectados", comentó el mandatario, quien precisó que está al tanto de las últi­mas novedades de la causa mediante comunicación con el fiscal general de Corrien­tes, César Sotelo, a quien le requirió que exhorte a su sa­bueso, Gustavo Roubineau, quien investiga el caso, a ir "hasta las últimas conse­cuencias".

Por otro parte, Valdés ase­guró que firmó el Decreto de Constitución como que­rellante en la causa. Este documento habilita al fiscal de Estado, Horacio Ortega, a presentarse como particular damnificado en el expedien­te en curso, ya que al menos una parte de los terrenos utilizados en las maniobras fraudulentas por la presun­ta asociación ilícita liderada por la escribana Gladys Báez y por la falsa notaria Teresa Vásquez (a la fecha prófuga), consistía en fraguar docu­mentos públicos con cola­boración de funcionarios de estas dos direcciones para esos terrenos que, por falta de herederos, volvieran a manos del Estado, figurasen como propiedad de presta­nombres que luego nego­ciaban con "compradores de buena fe" como el fiscal Gustavo Scmitt, uno de los imputado que pese a ello si­gue cumpliendo funciones ante el Tribunal Oral Penal Nº 1. 

Resta esperar que la pre­sentación sea aceptada. s