Teto Medina: hallaron un "chiquero" de castigo para adictos rebeldes 

El fiscal de Berazategui, Daniel Ichazo, confirmó que la detención del conductor televisivo Marcelo "Teto" Medina y otras 16 personas acusadas de asociación ilíci­ta y reducción a la servidum­bre con fines de explotación laboral en una comunidad de rehabilitación de personas con adicciones, comenzó con la denuncia de ex inter­nos y fue corroborada por escuchas telefónicas. "La investigación comienza por denuncias de propias vícti­mas que salieron de acá en los últimos seis meses. Son 10 víctimas y tiene que ver con este contexto de reduc­ción a la servidumbre, traba­jo forzoso y medicación no controlada que se le daba al­gunos, no a todos, y además la ganancias económicas por lo que los hacían trabajar y no les pagaban, y porque a algunas familias le pedían una cuota", explicó Ichazo. "Tengamos en cuenta que estamos hablando de una patología que arrasa a la co­munidad, donde los recursos y la situación de vulnerabili­dad en que se encuentran la familia y los chicos, hace que algunos quieran dejar a su hijo o hermano donde cree que está siendo rehabilita­do, y no es así", añadió a los medios y se retiró para conti­nuar con la entrevista de los internos. 

"Encontraron ranchos precarios, casillas donde dormían los adictos de la organización que habían montado ellos mismos, con un patio en la tierra pelada donde funcionaba una co­cina a leña, una olla carbo­nizada y un barril de metal cortado, para guisos de po­lenta batidos con un trozo de madera. Luego, encontraron el chiquero: era una celda de castigo. Allí, los rebeldes que se negaban a la discipli­na dormían a la intemperie. Las familias de esos pacien­tes podían pagar, por lo me­nos, 30 mil pesos por mes para que fueran tratados allí, además de una cuota de in­greso", consignó por su parte una nota publicada ayer en el portal Infobae. 

Por otra parte, el abogado del dueño del centro de rehabilitación La Razón de Vivir, Néstor Zelaya, que se negó a declarar ante el fiscal, dijo que la imputa­ción de explotación labo­ral a jóvenes con consumo problemático "es absolu­tamente descabellada". Se trata del doctor Marcelo Biondi, quien anticipó la po­sibilidad de que Zelaya de­clare "la semana que viene", una vez que estudie la estra­tegia de defensa. "Lo que sí les puedo asegurar es que las personas que se han comu­nicado conmigo desde que tomé la defensa, que son más de 80 o 90, refieren todo lo contrario a lo que se dio a co­nocer desde la investigación en forma pública, con res­pecto a que no hubo ningún tipo de acción que los haga trabajar en estado forzoso ni en condiciones deplorables", afirmó. Sobre el origen de la denuncia, el abogado re­marcó que "tiene que ver un cura que formó parte de esta granja, que después se fue. En el momento en que formó parte no vio nunca ningún hecho presuntamente delic­tivo. Raro es que después de que se fue y abrió su propia granja a los mismos fines, co­menzó a denunciar". 

La madre de un joven que estuvo internado en un pre­dio de La Razón de Vivir, de­nunciante en la causa abierta contra esa comunidad tera­péutica, aseguró que allí "no tenían comida, agua para ba­ñarse, ni asistencia médica. Hay familias que defienden el lugar porque no tienen dónde dejar a los chicos", agregó. s