Cristina comparó la causa de la represión 2001 con la de Vialidad

La vicepresidenta Cristi­na Fernández volvió a com­parar la causa Vialidad, en la que es juzgada por estar acusada de ser jefa de una asociación ilícita dedicada a desviar fondos de la obra pública, con el juicio al que fue sometido el ex presiden­te Fernando De la Rúa por la represión de 2001. 

La ex presidenta lo hizo en esta ocasión por medio de una carta publicada en su web oficial. La presidenta del Senado había expuesto ese argumento durante su defensa la semana pasada ante el tribunal. Básicamen­te, consideró que De la Rúa sabía lo que estaba ocurrien­do en las calles durante el 19 y 20 de diciembre de 2001, y que aún así los jueces consi­deraron lo contrario, mien­tras que en su caso, aseguró que ella desconocía lo que ocurría con los contratos de obras que iban a Santa Cruz, aunque los fiscales consi­deran lo contrario. "No sólo De la Rúa resultó sobreseí­do por el juez Bonadío en la acusación por homicidio culposo -fallo confirmado por los camaristas Irurzun y Farah-, sino que además, los otros dos firmantes del decreto 1678 del 19 de di­ciembre de 2001, en el que se declaró el estado de sitio: el jefe de gabinete, Chrys­tian Colombo, y el ministro del Interior, Ramón Mestre, ni siquiera resultaron acusa­dos", afirmó. 

Titulado de "De penas y olvidos", el texto de la vi­cepresidenta señaló: "Las garantías procesales no aplican si sos peronista", y puntualizó sobre las 39 personas que murieron en todo el país luego de que el Ejecutivo nacional, co­mandado en ese momento por el radicalismo, diera luz verde a la represión policial y -posteriormente- al esta­do de sitio en medio del es­tallido social del país a fines del 2001. 

"Para el resto, aunque sean delitos contra la vida ocurridos a metros de la Casa Rosada, a plena luz del día y transmitidos en vivo por todos los canales de te­levisión (nadie podía igno­rar lo que pasaba) para ellos Derecho Penal liberal, con todas las garantías y prin­cipios del debido proceso", cuestionó. 

En lo que denunció como lawfare en su contra, trazó un paralelismo con el juicio oral y el pedido de condena que ella hoy enfrenta, don­de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola pidieron que sea condenada a 12 años de prisión. "Pero entonces ¿nadie fue condenado por la violencia que provocó tan­tos muertos en la plaza de Mayo y en el resto del país, y que hizo colapsar la institu­cionalidad en Argentina?", se preguntó.s 

En el caso Vialidad se juzgan las presuntas irre­gularidades en 51 obras públicas que hubo desde 2003 hasta 2015.