¿Derechos y humanos? 

En medio de un clima político casi irrespirable por dos episodios incendiarios que reportan directamente al área de Seguridad con un tema que es sensible para el kirchnerismo, referido a los derechos humanos, el Gobierno argentino volvió a tropezar con sus contradicciones en el plano interna­cional respecto de cuál es su posición frente a países bajo sospecha de vulnerar derechos elementales de los ciudadanos y lesionar el orden democrático. Por ejem­plo, en las últimas horas se conoció la decisión argenti­na de abstenerse -en el seno de la Organización de las Naciones Unidas- de votar para que se investiguen las denuncias de violación a los dere­chos humanos en Venezuela, bajo el régimen de Nicolás Maduro. Del mismo modo, también optó por abstenerse de votar la apertura de un debate para discutir la situa­ción de los derechos humanos de los musulmanes en la región chi­na de Xinjiang. 

Esto ocurrió mientras, puertas adentro del país, renunciaba una ministra del Gabinete nacional por un desalojo en la Patagonia que terminó con siete mujeres detenidas e incomunicadas. La titular de la cartera de Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta (Ministerio de la Mujer), se marchó de la gestión indignada por el procedimiento ordenado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Aní­bal Fernández, para terminar con una toma de tierras en Villa Mascardi en el Sur argentino. La renunciante está a favor de los grupos revoltosos, seudo mapuches. 

Al mismo tiempo, otro bochorno de seguridad hizo estallar los cristales de la alianza de gobierno; en la ciu­dad de La Plata la Policía bonaerense protagonizó un operativo de represión en una cancha de fútbol, donde terminó falleciendo un hincha de Gimnasia y Esgrima. En el centro de la escena quedó el ministro de Seguri­dad bonaerense, el mediático Sergio Berni, un alfil to­doterreno del gobernador Axel Kicillof. Hasta La Cám­pora lo criticó. 

¿Cuánto respaldo tiene de Cristina Kirchner? En las próximas horas se verá. 

Está claro que el gobierno que preside Alberto Fer­nández no tiene una hoja de ruta y por lo tanto sus de­cisiones son espontáneas y casi siempre, erráticas. Pero además enfrenta una contradicción que se vuelve indi­gerible porque ampara a presidentes dictatoriales como el de Venezuela, Nicaragua o Cuba. Antes también le hizo un guiño a Rusia, y ahora en esta última etapa miró hacia el costado con una denuncia contra China. 

Esta semana el Consejo de Derechos Humanos de la ONU renovó por dos años la Mi­sión para investigar y supervisar la situación en Venezuela, donde gobierna Maduro, representante del régimen chavista. Argentina se abstuvo de votar. A pesar de la inconducta criolla, el proyecto de resolución fue aprobado con el res­paldo de 19 países contra 5 que vo­taron en contra y 23 abstenciones. 

Es extraño porque el represen­tante argentino, el ministro Se­bastián Rosales, durante su inter­vención dijo: "La Argentina está preocupada por la situación de los derechos humanos en Venezuela. Resulta imprescindi­ble que este Consejo acompañe el proceso que permita que el pueblo venezolano recupere la convivencia pací­fica y democrática para lograr un desarrollo inclusivo y sostenible". 

Durante el debate, realizado en Ginebra, América latina se mostró dividida: tanto Brasil como Paraguay apoyaron la prórroga, y Bolivia, Cuba y Venezuela re­chazaron su continuidad, en tanto la Argentina jun­to con México se abstuvieron. Por su parte, Estados Unidos, el Reino Unido y Japón votaron en favor de la comisión investigadora; China y Eritrea denegaron su apoyo. 

Mientras eso sucedía en Europa, aquí en el país la Se­guridad se estremecía.