La pobreza, sin techo
Con respaldo transversal, Diputados aprobó la ampliación de la Ley de Urbanización de Barrios Populares.
Con una abultada mayoría, alimentada por los bloques de la oposición, la Cámara de Diputados de la Nación dio media sanción a una iniciativa que amplía el régimen de integración sociourbana de barrios populares y, lo más importante, prorroga por una década la suspensión de los desalojos en dichos asentamientos. Se trata de la Ley 27453, sancionada en 2018, que determina la incorporación al registro oficial de aproximadamente 1.200 nuevos asentamientos que se formaron en el transcurso de los últimos cuatro años, lo que refleja la expansión geográfica y sobre todo demográfica de la precarización social. Los denominados barrios populares constituyen una suerte de eufemismo para renombrar las villas de emergencia que nacen de la ocupación ilegal de predios privados o de terrenos fiscales. En definitiva, es una de las caras ingratas de la pobreza que inunda a la Argentina.
El instrumento que permite dimensionar la complejidad del cuadro es el Registro Nacional de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (Renabap) que se implementó a partir de 2018. La última lectura de ese registro indicaba la existencia de 4.416 barrios y con la modificación en curso llegará a 5.687 asentamientos populares. Esto significa que creció enormemente la cantidad de ocupaciones, por supuesto todos tienen un alto déficit de infraestructura urbana, servicio de energía, agua corriente, cloaca, incluso trazado de calles.
Según el Renabap, que se puede consultar por Internet, en la provincia de Corrientes hay 200 barrios populares, es decir villas de emergencia. Dentro de ese listado, la ciudad Capital está a la cabeza con 68 asentamientos. Uno de los más grande es el Pirayuí I, que nació hace una década con una ocupación ilegal. Allí viven 979 familias. Hay otros de igual dimensión poblacional, Lomas de Mirador cobija a 990 familias; La Olla a 880 familias; Paloma de la Paz tiene a 770 familias; en el Quilmes registraron a 605 familias.
El denominador común, no sólo en Corrientes, todos nacieron de un delito: la usurpación. La ley original extendía un salvoconducto con una prohibición de desalojo. Ahora pretenden extender la vigencia de ese paraguas por diez años.
El proyecto, impulsado por el Frente de Todos fue aprobado ayer en la Cámara baja del Congreso por 227 votos. La oposición acompañó esta iniciativa y hasta resulta lógico que así sea, el problema es de responsabilidad mutua de las dos orillas de la grieta. Más aún, cuando se sancionó la Ley 27453 gobernaba Cambiemos, con Mauricio Macri; después vino el neokirchnerista Alberto Fernández.
El proyecto aprobado ayer en Diputados declara la emergencia socioambiental de los barrios populares con el objeto de agilizar los procesos administrativos para llevar a cabo las obras de infraestructura en servicios públicos y los distintos programas de urbanización. El miembro informante del oficialismo, Lucas Godoy, ponderó la ley y destacó que tiende a "generar condiciones dignas y de calidad para los sectores populares, en aquellos barrios que merecen una atención profunda para su transformación por parte del Estado".
El salteño, presidente de la Comisión de Legislación General, advirtió que "una norma de esta naturaleza cae en letra muerta si en definitiva no tiene los recursos para generar esas políticas, para implementarlas y transformar en la realidad la calidad de vida de miles y cientos de miles de personas". Sobre el financiamiento del programa, detalló que el fideicomiso está integrado "con el 9% del impuesto Pais y el 15% del Aporte Solidario y Extraordinario a las Grandes Fortunas".
En definitiva, más asistencialismo que morigera, pero no soluciona el problema de la pobreza.