Jubilados con dificultades para actualizar sus haberes

La tercera edad resulta siempre la más castigada, la que más sufre los efectos de la inflación junto con mu­chas otras trabas adminis­trativas burocráticas, que si bien deberían redundar en un beneficio para ellos, re­sultan más un perjuicio para los jubilados.

En los últimos meses un grupo de jubilados de la Mu­nicipalidad de la Ciudad de Corrientes, desesperados y apretados por la situación económica, comenzaron a organizarse, en principio en un grupo de Whastapp, a través del cual van rela­tando la crítica situación que atraviesan. La mayoría se encontró con que su his­toria se repite: no llegan a percibir los aumentos que se otorgan a los agentes ac­tivos con la misma celeri­dad y en la mayoría de los casos, si tienen suerte, tie­nen que esperar entre tres y hasta seis meses para ver reflejados esos incrementos en sus haberes jubilatorios. De hecho, si no fuera por­que el Gobierno provincial abona el doble plus men­sual de 30.000 pesos, sin discriminar, no saben cómo sobrevivirían, y muchos se encuentran verdaderamen­te en la indigencia, porque claramente con esa cantidad un jubilado no puede sobre­llevar sus últimos años de vida dignamente. Tampoco consiguen que algún letrado los represente en los recla­mos, porque en general no les alcanza para cubrir los honorarios.

La abogada previsiona­lista María de las Mercedes Solís de Zambrano comenzó hace unos días a escuchar­los, no para representarlos pero sí para escucharlos y guiarlos porque en su mo­mento ejerció la defensa, ante los estrados judiciales, de varios de ellos que fueron dependientes de la Munici­palidad y hoy son beneficia­rios del IPS. Según comentó a NORTE de Corrientes, el inconveniente surgió desde hace un par de meses cuan­do "la Oficina Previsional de la Municipalidad de Co­rrientes comenzó a imple­mentar, lo que a entender de estos jubilados, sería un mezquino e inapropiado sistema burocrático para so­licitar y retirar Certificacio­nes de Haberes de los dis­tintos cargos en los cuales se desempeñaron en activi­dad y que en la práctica se traduce en un impedimento inexpugnable para cada uno de los solicitantes de tales certificaciones, retirar de las oficinas municipales tales certificados que les permiti­rían reclaman ante el IPS el cumplimiento de la movili­dad del 82% que la Ley y las resoluciones judiciales (es decir las cautelares) o sen­tencias firmes de amparos les otorgaran ese derecho en su momento".

La abogada explicó que el procedimiento consiste en "la presentación de un for­mulario impreso de Solici­tud, que además de los datos personales y del objeto de la presentación, se les exige acompañamiento de foto­copia de la Resolución de la medida judicial de amparo (cautelar o sentencia). Re­quisito que de por sí se torna de difícil cumplimiento para cualquier jubilado o pensio­nado anciano o enfermo, en todas las oportunidades en que lo necesitaren. Por ejemplo, como sucedería en estos últimos meses, en que están siendo fijados peque­ños aumentos de haberes (remunerativos y no remu­nerativos) mes a mes para los activos, generados por la espiral inflacionaria que cercena día a día sus sala­rios".

"Con dichas presentacio­nes, la Oficina Previsional prepara un listado con lo requerido por los solicitan­tes; y cuando la Municipa­lidad lo decida, lo enviarían al IPS (lo que en los hechos demandaría como mínimo y siendo muy optimistas de 45 a 60 días. Luego lo proce­sa el organismo previsional, lo que puede tardar otros 45 a 60 días".

"En conclusión -explica María de las Mercedes Solís de Zambrano-, un benefi­ciario jubilado o pensiona­do municipal con un haber promedio de entre 15.000 o 28.000 pesos (porque pudo recomponer su haber, am­paro judicial mediante), hoy logró llegar a esos montos, desde el mes de mayo, conti­nuando igual hasta la fecha. Porque los aumentos que percibieron sus pares, agen­tes en actividad, tales como el 22% en julio pasado, el 5% en agosto y el 11% en noviembre de este año, me atrevo a denunciar que el 95% de la masa de jubilados y pensionados municipales de la ciudad, aún lo espera".

Por esa razón "lo que se pide es que las autoridades competentes con la facultad para revertir estas medidas puedan volver al sistema anterior, es decir que el inte­resado solicite en la oficina de Previsional de la Munici­palidad de la Ciudad de Co­rrientes, la certificación que necesite, para su posterior presentación en el IPS sin tantos trámites engorrosos ni burocráticos para quien necesite hacerlo".

"Lo que piden los jubila­dos municipales es que se piense en ellos, que sean es­cuchados y que las medidas que se adopten se adapten realmente a facilitar las so­luciones a sus necesidades", explicó, y para lo cual pidió una audiencia con el inten­dente capitalino. También confirmó a este medio que los jubilados y pensionados de la Dirección Provincial de Energía de Corrientes (Dpec) se encontrarían en una situación semejante.

Unos 12.000 pasivos

Consultada por este diario acerca de la cantidad de jubilados que se encuentran frente a esta situación de ver demorada la actualización de sus haberes, María de las Mercedes Solís de Zambrano explicó que en la provin­cia hay más de 40.000 jubilados, de los cuales un 30 por ciento, es decir unos 12.000 pasivos, se encontraría en esta situación. "Son adultos mayores que están viviendo una realidad angustiante y que los funcionarios tienen que atender".