La otra bandera

Otro capítulo de la escalada de violencia se ha registrado en la ciudad de Rosario, que lamentablemente está bajo el dominio del negocio de la droga, donde en los últimos días aparecieron mensajes amenazantes contra perio­distas que se ocupan de investigar la actividad de los cárteles narco en esa ciudad y sus ramificaciones ha­cia otro punto del país. "A todos los medios de Rosario dejen de ensuciar y condenar a los pibes con la lengua porque vamos a matar periodistas. Con la mafia no se jode, sino, caravana con el Noba", rezaba un cartel col­gado en el frente de un canal de televisión local. Un par de días antes, un abogado publicó en la red social Twitter: "Todos los días hay que ejecutar a un periodista". 

El aviso ya fue dado. Es impor­tante notar que no es una ame­naza genérica, no fue hecha a la prensa sino a los periodistas. Está dirigida a las personas, a los in­dividuos, no a una organización. El objetivo está claro, infundir te­mor y silenciar la tarea de los que investigan para sacar a la luz la verdad de lo que pasa en Rosario. 

La mafia, que está enquistada con profundas raíces en la ciudad santafesina, sabe dónde y cómo golpear. Ahora les apunta a los que llevan información a la gente: a los periodistas.

Corresponde recordar que hasta fines de agosto, en los primeros ocho meses de 2022, Rosario acumu­ló 202 homicidios y la tasa es de 20,51 muertos cada 100.000 habitantes, la cifra sextuplica la tasa de la Ciudad de Buenos Aires (3 cada 100.000) y la Capital cordobesa (3,4 cada 100.000). El elevado número de crímenes está ligado a la guerra de narcos. El drama sigue sin respuesta efectiva por parte del Estado.

Salvo las expresiones de repudio y las manifesta­ciones de solidaridad de los representantes de la opo­sición, todos a través de las redes sociales, que es el nuevo terreno de acción de la política, el Gobierno Nacional se mantuvo ajeno a esta situación. Pese a la gravedad del hecho, el Ministerio de Seguridad de la Nación no se dio por enterado de la intimación ma­fiosa. 

En cierto modo resulta lógica la ausencia oficial, el gobierno del Frente de Todos demoró casi tres años en percatarse de que algo había que hacer en la Patagonia, donde grupos de delincuentes, amparados en el recla­mo de reivindicación de pueblos originarios como los mapuches, llevan adelante ataques terroristas contra pobladores civiles y fuerzas de seguridad. Tarde y mal, así llegó la administración de Alberto Fernández al problema. Algo parecido está sucediendo con Rosario, donde la debacle viene desde hace tiempo. Tampoco el gobierno anterior, a cargo de Mauricio Macri, hizo mucho para erradicar el negocio del narcotrá­fico que está destruyendo el tejido social de esa magnífica ciudad.

Tras la aparición de la bandera con la amenaza contra los perio­distas, el intendente rosarino, Pablo Javkin (UCR), se solidarizó con el colectivo de periodistas y afirmó que los delincuentes "son organizados desde la cárcel. Son todas personas detenidas a las que nadie controla, ni tampoco en las calles a los autores materiales que ellos ordenan", afirmó. 

Al respecto, la Asociación de Entidades Periodísti­cas (Adepa) alertó sobre la amenaza de bandas narco que operan en la ciudad y citó un informe reciente que publicaron: "Tenemos que elevar la voz por el riesgo que implica para la integridad física y la segu­ridad personal de periodistas y medios el fenómeno creciente del narcotráfico y otras formas del crimen organizado en el país".

A su vez, el Foro de Periodismo Argentino (Fopea) exhortó a las autoridades santafesinas a "esclarecer" el hecho y "garantizar la integridad física de los traba­jadores de prensa en una ciudad en la que la violencia criminal genera un contexto de extrema hostilidad y desprotección para los colegas".