Intiman al Jockey Club por falta de mujeres

Se conoció un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil -con sede en Buenos Aires- que respaldó la decisión de la Inspección General de Justicia (IGJ) que obligó al Jockey Club porteño a "respetar la diversidad de género" e instó a integrar con socias mujeres la comisión directiva de la insti­tución. La resolución judicial hace hincapié en los "compro­misos internacionales asumidos por la República Argentina, que condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas", cita la Convención de los Derechos Humanos, etc. 
El litigio viene desde hace tiempo. El fallo, que invita a la polémica, parece de difícil cumplimiento ya que en el histó­rico Jockey Club no hay mujeres que sean socias activas, de tal modo difícilmente la Comisión Directiva tenga represen­tación femenina. La institución declara un padrón de aproxi­madamente 6.000 socios de sexo masculino. Las pocas muje­res con carnet tienen menos de diez años y forman parte de la primera camada de una tibia apertura de género.
El fallo firmado por los jueces Carlos Calvo Costa, María Isabel Benavente y Guillermo González Zurro, dice: "No se puede soslayar que el artículo 23 del estatuto del Jockey Club, al mencionar: socios, hijos, sobrinos, nietos y yernos (pero no menciona a las nueras) sugiere con suficiente grado de certe­za que la afirmación del presidente y secretario general de la institución, en cuanto a que no hay restricción al ingreso para mujeres, no se corresponda con lo que efectivamente sucede en el club". 

Un plazo de 60 días

La Justicia Federal ins­tó al Jockey Club porteño a comunicar a través de su página web institu­cional la apertura de las nuevas afiliaciones, y a presentar, en el plazo de 60 días, el texto ordena­do del Estatuto social y el nuevo reglamento. La idea es que den paso a las mujeres, algo que por constitución histórica el tradicional Jockey no tiene contemplado. Por eso se cree que el litigio judicial continuará.
Todavía queda una instancia, pero no se descarta que haga uso de la vía procesal extraordi­naria para llegar a la Cor­te Suprema de Justicia y cuestionar allí la resolu­ción de la IGJ que dio lu­gar a este planteo. s