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DOS EJECUTIVOS SON JUZGADOS POR EL TRIBUNAL FEDERAL

Causa Piramys: inició juicio por banco clandestino en microcentro

Están acusados de intermedia­ción financie­ra. Otros tres acortaron. 

LA PREFECTURA NAVAL ARGENTI­NA, A TRAVÉS DE UNA ORDEN DEL JUEZ JUAN CAR­LOS VALLEJOS ALLANÓ EN OC­TUBRE DE 2015 LAS OFICINAS DE PIRAMYS Y HALLÓ UNA FUERTE SUMA DE DINERO, IN­CLUSO, ATESO­RADA EN CAJAS DE SEGURIDAD QUE OFRECÍA COMO SERVICIO A SUS CLIENTES, QUIENES TAM­BIÉN FUERON INVESTIGADOS.

El juicio a dos ejecutivos de la empresa Piramys que operaban en una coopera­tiva desmantelada tras una investigación por el montaje de un banco clandestino y lavado de activos comenzó ayer en Corrientes. Se tra­ta de Rodolfo Siviero, de 52 años, y Ana Karina Alonso, de 48, quienes comenzaron a ser juzgados por el Tribu­nal Oral Federal (TOF) luego de que los jueces Víctor An­tonio Alonso y Fermín Cero­leni rechazaron los planteos de nulidad efectuados por la defensa técnica de ambos contra el requerimiento de elevación a juicio.

Debido a la extensión de la audiencia, se postergó hasta la semana próxima el inicio de la ronda de de­claraciones testimoniales durante la que diez perso­nas brindarán detalles de la investigación a Pyramis, referida al ofrecimiento de servicios de intermediación financiera sin autorización del Banco Central de la Re­pública Argentina.

Los otros tres imputados en este juicio, Mario Argen­tino Boschetti, de 78 años; Lisandro Boschetti, de 46, y Carlos Contrera, de 42, firmaron juicios abreviados con el fiscal Carlos Schae­fer, que interviene junto a la fiscal Tamara Pourcel y la Procuraduría de Criminali­dad Económica y Lavado de Activos (Procelac), a cargo de Laura Roteta y Diego Ve­lasco. El grupo está acusado, además de la intermedia­ción financiera clandestina, de lavado de activos que se canalizaron a la economía formal a través de inmuebles y vehículos de alta gama.

Según se desprende del expediente del caso, entre 2012 y 2015 obtuvieron al­rededor de 68,5 millones de pesos de personas ajenas a la entidad y capitalizaron más de 9,5 millones en in­tereses, con al menos 212 clientes confirmados.

Alonso y Siviero, que jun­to a Contrera operaban una oficina externa de la coope­rativa, aparentemente par­ticiparon en las maniobras sospechadas mediante la compraventa de autos de alta gama de diversas mar­cas, así como con una im­portante inversión inmobi­liaria en edificios de zonas privilegiadas de Corrientes capital.

En tanto, la Prefectura Naval Argentina, a través de una orden del juez Juan Car­los Vallejos y en una investi­gación orientada por el fiscal Flavio Ferrini, allanó en oc­tubre de 2015 las oficinas de Pyramis y halló una fuerte suma de dinero, incluso, ate­sorada en cajas de seguridad que ofrecía como servicio a sus clientes. 

Entre otros clientes, se en­contraban el ex director del Pami en Corrientes durante la gestión de Fernando De la Rúa, Marcelo Laslo, así como el presidente de la Cámara de Diputados de la provin­cia, Pedro Cassani, quien atesoraba allí 1.109.400 pe­sos y 578.771 dólares no de­clarados, monto por el cual fue llevado a la Justicia or­dinaria en una investigación en curso por presunto enri­quecimiento ilícito donde está procesado, pese a tener fuero como legislador.