"Hay personas detenidas hace 9 meses y ni siquiera saben cuál es su imputación"

La investigación por la Causa Terrenos prosigue y un nuevo abogado ha to­mado la palabra para ase­gurar que sus clientes son inocentes e incluso desco­nocen el delito por los que están aprehendidos hace más de medio año, cuando el caso estalló con los pri­meros allanamientos de la Prefectura Naval Argentina a requerimiento de la jueza de Instrucción Nº 3, Jose­fina González Cabañas y el fiscal de Instrucción Nº 3, Gustavo Roubineau. Por el hecho fueron aprehendidos los respectivos titulares de la Dirección de Registro de la Propiedad Inmueble y Ca­tastro, quienes fueron des­tituidos de sus cargos, en el caso del primer organismo estatal recientemente la ma­gistrada otorgó la excarcela­ción a su otrora responsable, la escribana María Eugenio Demetrio. 

En este contexto, el letra­do Pablo Sosa, es abogado de Mario Espíndola, uno de los detenidos por la Causa Ca­tastro en Corrientes. Apuntó directamente contra la Jus­ticia y los plazos procesales indicando que "hay una ar­bitrariedad en la extensión del plazo. Hay personas detenidas hace 9 meses y ni siquiera saben cuál es su imputación". El defensor de Espíndola, uno de los de­tenidos por la "megacausa" (llegó a tener 25 detenidos) denunció la situación por la que atraviesa su defendido, a 9 meses de su detención. "Acá está habiendo una cuestión de gravedad insti­tucional y arbitrariedad por la extensión del plazo", ma­nifestó.

"En este momento hay personas que se encuentran imputadas y privadas de su libertad hace 9 meses sin tener una resolución proce­sal. Estas personas no saben a ciencia cierta cuál es la imputación de manera con­creta", agregó. Vale recordar que Espíndola se encuentra detenido tras su vincula­ción con uno de los expe­dientes de la causa. 

El caso de los lotes tomó estado público a princi­pios de 2022 cuando la jueza González Cabañas ordenó a la PNA los pri­meros allanamientos don­de se produjeron una serie de detenciones, entre ellas la de Ortiz y Báez. El caso fue escalando y se filtraron parte de la documentación probatoria que motivó al fis­cal Roubineau a profundizar en la investigación y llegar a acusar a su colega Gusta­vo Schmitt y a las máximas autoridades de dos impor­tantes estamentos estatales. Las pruebas hasta ahora reunidas dan un grado de certeza importante respecto a maniobras fraudulentas entre distintas esferas gu­bernamentales así como del sector privado para poder constituir la "asociación ilí­cita" que facturó millones de pesos con la venta de terre­nos con títulos de propiedad apócrifos pero certificados y autentificados por Catastro y el Registro de la Propiedad.s