Potenciar la informalidad 

Lo que en principio parecía una medida positiva tendiente al control del gasto público, median­te la reducción del dispendio para el asistencia­lismo social, derivó en una nueva polémica que pone al gobierno de Alberto Fernández en la confron­tación con dos sectores, por un lado con la cámara de empresarios de la construcción y por otro con distintas organizaciones de planeros que no están directamente alineados al Frente de Todos y mucho menos a la Casa Rosada. Ahora la Presidencia tiene que calmar dos eno­jos en frentes distintos y además tiene un nuevo pro­blema: hacer que el proyecto que lanzó funcione. No es fácil, se trata de hacer que los beneficiarios de los planes asis­tenciales se pongan a trabajar de manera efectiva y algo -concreto- quede de esa acción laboral.

Menudo desafío el que asumió el Presidente. Veremos qué resul­tado obtiene, por lo pronto los an­tecedentes son poco favorables. Y como fue dicho, hay dos sectores muy disgustados por la medida.

Todo comenzó con la decisión del gobierno de Alberto Fernán­dez de prohibir por decreto el ingreso de nuevos beneficiarios a programas como Potenciar Trabajo. Así como no ha­brá incorporaciones, las bajas de los titulares tampoco podrán ser reemplazadas por otros. La medida se ofi­cializó el jueves a última hora con una conferencia que encabezaron la flamante ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, y la ministra de Trabajo, Kelly Ol­mos.

La resolución establece que el "ahorro" que se ob­tendrá por la austeridad solo podrá ser utilizado para la compra de máquinas y herramientas que Desarrollo Social entrega a cooperativas de trabajo o emprendi­mientos individuales. Hasta allí todo parecía corres­ponder a un país que busca la normalidad, pero ayer el mismo Gobierno anunció que las cooperativas de tra­bajo conformadas por los planeros podrán participar -en calidad de contratistas- de la ejecución de parte de la obra pública. 

Estallaron las empresas, pero también las organiza­ciones sociales de izquierda que ven venir un acomodo en la asignación de proyectos de obra pública.

La Cámara Argentina de la Construcción (Camarco) rechazó el Decreto Nº 728, conocido ayer, que resolvió la ampliación de beneficiarios del programa Potenciar Trabajo e instruyó a los ministerios la integración del Consejo de la Economía Popular y dispuso que el 30% de la obra pública se licite entre las cooperativas de ese universo social.

En pocas palabras, los planeros, organizados como unidades de trabajo, podrán participar de las licitaciones públicas. Y no se des­carta que ganen porque tendrán oportunidad de ejecutar proyectos por un valor de hasta 300 millones de pesos. 

Serán doblemente beneficiados por el Estado, pues ya cobran un plan, el Potenciar, y además tam­bién recibirán el dinero del presu­puesto destinado a la obra pública. 

La Cámara de la Construcción, al rechazar la medida, señaló que el Gobierno alienta una competencia desleal con las empresas al señalar que las cooperativas realizan su ac­tividad en la informalidad. Y aunque se desenvuelvan totalmente en blanco, los cooperativistas del Potenciar ya tienen un beneficio del Estado. 

La entidad afirmó que "la competencia desleal con­denará a la inactividad y a la ruina a numerosas empre­sas pymes constructoras de todo el país, las que traba­jan formalmente, pagando impuestos y dando empleo registrado y seguro a sus trabajadores". 

Es insólito, pero el Gobierno nacional incentiva el trabajo informal, con un consecuente fraude a las nor­mas laborales y previsionales, al tiempo que condena a las empresas formales que están obligadas a cumplir con todos los requisitos de la ley.