Nuevo Código Procesal: el objetivo es la celeridad y no un mayor punitivismo 

LA FLAMANTE OFIJUS CUENTA CON SALAS DE CÁMARA GESELL Y AUDIENCIAS DE DEBATE. COSTÓ MÁS DE 500 MI­LLONES DE PESOS EN DOS CUOTAS EXTRAÍDOS DEL PRESUPUESTO DEL PODER JUDICIAL. TIENE 200 METROS CUADRADOS Y TRES PLANTAS; ESTÁ UBICADA EN LA CALLE JUJUY 848 Y ANTES PERTENENCÍA AL EMPRESARIO FABIO CLEVAÑER. 

El Código Procesal Penal (CPP) -Ley 6518- rige ya en toda la provincia de Corrien­tes, al haber incorporado el martes pasado al ámbito del departamento de Capi­tal la dinámica judicial im­plementada por el Superior Tribunal de Justicia (STJ) y el Ministerio Público de forma progresiva en el territorio provincial desde septiembre. Surge entonces la pregunta de cómo evaluar la eficiencia y eficacia del nuevo instru­mento legal con el que fis­cales y jueces administran el servicio de justicia. NORTE de Corrientes, durante la vi­sita inaugural de la OfiJus, la oficina encargada de canali­zar los trámites y audiencias de los 6 juzgados y fiscalías de la ciudad, consultó al doc­tor Eduardo Panseri, quien hizo de guía para los perio­distas invitados, y además es uno de los impulsores y promotores del nuevo siste­ma acusatorio adversarial. El ministro del STJ fue contun­dente: "No habrá que fijarse en la cantidad de causas que llegan a juicio y reciben una sentencia, sino en el tiempo en que se tarda en resolver". Panseri fue claro en que el actual Código tiene como objetivo darle celeridad a la tramitación de las causas judiciales del fuero penal, y remarcó: "Eso no necesaria­mente signifique que haya que ir a juicio, recordemos que existen otras soluciones posibles que el juez podrá aplicar". 

El alto funcionario judicial se refería a distintos institu­tos creados por ley que pue­den ser usados como medio para dar por finalizado un conflicto en el que el Esta­do ha tomado parte tanto mediante el fiscal acusador como el defensor oficial, y que puede o no contar con una parte o actor particular damnificado: el querellante. La más conocida de ellas es la probation o suspensión de juicio a prueba, que consiste en evitar esa instancia por parte del acusado mediante el acuerdo de las partes para que este en vez de ir a la cár­cel cumpla tareas comuni­tarias y lleve un régimen de conducta basado en la abs­tinencia del consumo de al­cohol y drogas, así como en ciertos casos la participación en talleres de capacitación y la realización de tratamien­to psicológico. Otras menos conocidas es llegar a un acuerdo por mediación ju­dicial donde se plantea una solución al litigio a partir de una propuesta de reparación -fundamentalmente eco­nómica- o también de otros tipos de acuerdo no dinera­rios, donde lo que se busca es llegar a una compensación adecuada por el daño. Es por ello que tanto uno como otro son sólo aplicables a delitos leves o cuya cuantía previs­ta en el Código Penal de la Nación no supere los 5 años, lo que sí se aplica a casos que socialmente pueden ser considerados graves como los homicidios culposos en siniestros viales o los abusos sexuales simples. 

"La gente tiene que enten­der (cómo funciona el CPP), y para eso hay que hacer un trabajo de educación enor­me, porque sino la expecta­tiva es muy alta", dijo poco después Panseri en confe­rencia de prensa ante otra consulta efectuada por este diario respecto a la percep­ción social de la labor judi­cial y en particular de ciertos casos en los que los fallos judiciales terminan gene­rando malestar, al punto de reacciones tan fuertes como la de los padres, familiares y amigos de Tamara Zalazar, al conocer el veredicto ab­solutorio en el primer juicio por femicidio, que luego fue anulado por el STJ, y tras la realización de un segundo proceso el acusado, Raúl Es­calante, recibió perpetua. "Yo no creo que haya una grieta entre la sociedad y la Justicia", sostuvo el ex in­tegrante del Tribunal Oral Penal Nº 2. Y agregó: "En la Justicia existe pluralidad, distintos puntos de vista y doctrinas y eso es muy im­portante para la resolución de los problemas en una sociedad democrática", y recordó que el viejo Código se había puesto en vigen­cia hace más de 40 años en tiempos de un gobierno de facto. 

Por otra parte, también se le consultó sobre el factor económico: "Es evidente que el presupuesto nunca va a al­canzar, nuestro presupues­to se acabó en los primeros días de agosto. Eso se viene dando principalmente en los últimos 10 o 15 años, no sólo a nivel provincial. Es la pri­mera ley que no se cumple en este país, no sólo noso­tros, en todo el mundo", dijo. Al día siguiente de la puesta en marcha, los agentes del Poder Judicial salieron a la calle y reclamaron mejoras salariales. s

Acusatorio adversarial 

Abandonado el sistema mixto se reconfiguran los roles del proceso penal de las tres partes (juez, defensa, fiscal). Acusatorio por otorgar al Ministerio Público herramien­tas para avanzar en la investigación y el juez observa el proceso de manera imparcial (antes podía pedir medi­das de prueba e investigar) y advesarial por la oposición entre el defensor y el fiscal en audiencias donde todo se basa en la oralidad. No hay expediente. 

Sistema donde la mitad de las causas vencían

Habrá que esperar un tiempo para ver cuál es el resultado de la imple­mentación del nuevo CPP; sólo la acumulación de causas en un plazo medio podrá permitir hacer com­paraciones de rendimiento, que por cierto era notoriamente lerdo. Tan es así que la mitad de las causas pena­les llegaban a juicio vencidas, con los plazos procesales excedidos debido a múltiples razones vale decir, pero que en definitiva exponían con claridad la principal carencia del sistema de administración de justicia. Con base en un estudio hecho por NORTE de Corrientes a partir de información disponible en la página del Poder Ju­dicial, se pudo saber que en 2017 el Tribunal Oral Penal (TOP) 1 llevó ade­lante 240 juicios, de los cuales 174 ter­minaron en la absolución. En el caso del TOP 2 fueron 155 sobre 228. Los que sí recibieron condena son tres: homicidios dolosos, abusos sexuales agravados y robos agravados por el uso de arma, delitos que tienen pena en abstracto superior a una década, lo que les permite "sobrevivir" a la du­ración promedio de 6 años en llegar a segunda instancia.