Allanan viviendas por casos de pornografia infantil
Esta mañana la Prefectura acató una orden de la justicia penal correntina, a solicitud de los Estados Unidos.
La ciudad de Corrientes fue escenario ayer de tres allanamientos y un cuarto se concretó en Goya, realizados por la Prefectura Naval Argentina por orden de una fiscalía especializada en ciberdelitos y luego de una alerta emitida desde Estados Unidos ante la presunta distribución de material visual de abusos sexuales y explotación sexual de menores vía Internet, informaron fuentes judiciales. Los allanamientos se realizaron en las Mil Viviendas y en un domicilio céntrico donde funciona la sede física de una empresa proveedora del servicio en una localidad del interior provincial, la cual emitió un comunicado desligándose de la causa judicial en curso. De los datos oficiales se desprende que hasta el momento no había personas detenidas pero sí se han secuestrado elementos electrónicos que serán peritados para determinar si desde alguno de ellos se llevó a cabo el accionar criminal de subir esas imágenes a la web aunque no se ha informado de manera oficial si también se investiga la producción de las mismas, lo que supone otro delito, aún más grave.
Según la información oficial, el Ministerio Público Fiscal de Corrientes participó este martes de una voluminosa y simultánea operación mundial llamada "Icaccops Federal" (Red Federal en Alerta) y que en la Argentina lideró la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba), en coordinación con 15 provincias.
"Fueron 78 allanamientos ordenados en todo el país y en Corrientes eran cuatro, pero días antes se constató a través de un trabajo de campo de la Prefectura Naval Argentina que uno de los titulares de las direcciones IP que generaron el alerta, situado en Bella Vista, cambió su residencia a Barranqueras, Chaco. El resto eran dos en Capital y uno en Goya", detallaron desde el Ministerio Público.
Sin embargo, durante los procedimientos en Capital se detectó que uno de los titulares prestaba su conexión a un vecino, por lo que fueron finalmente tres en esta ciudad. "En el caso de Goya el procedimiento también se ramificó en nueve operativos en distintos domicilios", explicaron. Desde el organismo judicial se detalló que en Capital intervino la fiscal Sonia Meza, en tanto que en Goya intervino su par de esa ciudad de la Segunda Circunscripción Judicial, Francisco Arrúa. Ambos, en coordinación con la titular de Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, doctora Daniela Dupuy.
En tanto, a raíz de la divulgación de la información respecto a los allanamientos, la empresa proveedora de Internet en la localidad de Bella Vista "Fibercrown" emitió un comunicado en sus redes sociales informando que ni la empresa ni su propietaria -quien tiene domicilio en la vivienda de avenida Vera -donde se produjo uno de los allanamientos- figuran como involucrados en la causa. "La Justicia detectó el uso del servicio de Internet de nuestras redes, por parte de abonados, para la divulgación de pornografía infantil, y en ese marco se ordenó la búsqueda de la titularidad de los IP involucrados", sostuvo el mensaje destinado tanto a los usuarios del proveedor como a la opinión pública en general.
El objetivo de la operación fue verificar la existencia de eventuales usuarios de la plataforma P2P (peer-to-peer, red de pares, red entre iguales o red entre pares) que hayan puesto a disposición archivos de explotación sexual en territorio argentino, entre julio de 2021 y agosto de 2022. Corrientes integra la Red 24/7.
La Fiscal Sonia Meza dijo a un medio local que "en Corrientes se detectaron dos IP (Internet Protocol o Protocolo de Internet en inglés) desde las que aparentemente se distribuía el material. Una de las casas está ubicada en la Costanera correntina y otra en las Mil Viviendas.
La funcionaria judicial manifestó que "se dispusieron los allanamientos en el mismo horario y en todo el país, después del informe aportado por la coordinadora Daniela Dupuy, titular de la Fiscalía especializada en delitos informáticos. Asimismo, Meza agregó que en la propiedad de las Mil Viviendas, el propietario de la IP afirmó que comparte el servicio de internet con otro vecino, por lo que se solicitó otra orden de allanamiento de forma urgente".
Meza explicó que se secuestraron elementos como dispositivos de almacenamiento, computadoras o teléfonos celulares y no se produjeron detenciones o imputaciones por el momento, mientras se investiga en detalle.