El dolor y una causa al garete
A cinco años de la explosión del submarino San Juan, la Justicia tiene imputados a un par de oficiales de la Marina y resta definir la situación del ex presidente Macri y sus funcionarios.
Con miles de fojas de un voluminoso expediente que se conservan en cientos de cajas, donde también se guarda variada documentación; y cuatro oficiales de la Armada argentina señalados como los responsables del siniestro del submarino ARA San Juan por el cual 44 tripulantes perdieron la vida, la investigación que lleva adelante el juzgado federal de Caleta Olivia a cargo de Marta Yáñez, flota en un mar de indefiniciones. Incertidumbre que prolonga el calvario de las familias de los marineros, que solo tienen el horizonte del Mar Argentino para tratar de hallar consuelo. Ya pasaron cinco años, aquel triste episodio ocurrió el 15 de noviembre de 2017 y una vez más la Justicia está llegando tarde.
Como telón de fondo permanece inalterable el reclamo por la responsabilidad política del desastre. La jueza tampoco se definió si avanzará el proceso penal contra el ex presidente Mauricio Macri, quien era su ministro de Defensa, Oscar Raúl Aguad, y el entonces jefe de Armada Marcelo Srur, estos dos últimos declararon en la causa como testigos. La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia pidió a la magistrada que tome una determinación sobre la situación procesal de los tres funcionarios. La doctora Marta Yáñez, todavía no lo hizo.
Por el momento están procesados, por incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado, Luis Enrique López Mazzeo (Comando de Adiestramiento y Alistamiento), Claudio Villamide (Comando de la Fuerza de Submarinos), Héctor Alonso (jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos y oficial Evaluador del Alistamiento) y Hugo Correa (jefe del Departamento de Operaciones). En cambio, por decisión de la misma Cámara de Comodoro Rivadavia se dio marcha atrás con los procesamientos de otros oficiales.
La hipótesis principal de la causa es que el hundimiento fue consecuencia de falta de mantenimiento del submarino.
En lo que respecta al ex presidente Macri -que hoy visitará la provincia de Corrientes- y demás ex funcionarios de su Gobierno, el reclamo de los familiares es que ellos debían estar al tanto del estado de funcionamiento del buque.
La carencia presupuestaria que sufría la fuerza, lo que generó el retardo y hasta el déficit de mantenimiento derivó en un riesgo para la navegación del ARA San Juan. La falla operacional y la consecuente explosión puso en evidencia la grave indolencia en toda la cadena de mando.
Otro punto que es objeto de investigación es el supuesto ocultamiento de toda esa información posterior al accidente a los familiares.
El periodista Sergio Farella (de la agencia Noticias Argentinas) recordó que en un extenso fallo, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia ordenó una pericia técnica informática sobre imágenes tomadas del hallazgo del submarino ARA San Juan. El estudio está pendiente y busca determinar si hubo imágenes borradas o destruidas por la Armada de ese hallazgo. El 7 de noviembre pasado el perito oficial exigió al Consejo de la Magistratura que le envíe los recursos para llevar adelante el estudio. Todo eso está pendiente.
Mientras deshoja la margarita con Macri, la jueza Yáñez ha tomado declaración a los ex funcionarios de máxima confianza del ex presidente como Pablo Clusellas o José Torello, entre otros.
Un capítulo aparte es definir si Macri estaba al tanto u ordenó tareas de espionaje sobre familiares de los marineros. El juez federal de Dolores Martín Bava lo había procesado, pero este año la Cámara Federal porteña dio marcha atrás con esa medida. Los familiares apelaron y esa causa corre en paralelo.
La causa principal, la del submarino porque explotó y quienes son los responsables, está al garete.