La militancia en tiempo del subsidio

Ayer se cumplieron 50 años del regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina tras un largo exilio político y aquella fecha -17 de noviembre de 1972- quedaría reservada para el calendario de las efemérides peronistas como el Día de la Militancia. Analizado con los parámetros de aquel contexto el gesto tenía su significado, era el re­conocimiento a un par de generaciones de argentinos que habían mantenido incólume no solo su afiliación partidaria, demostración de la insobornable simpatía hacia la figura del líder, sino también el respeto a un principio liminar del justicialismo: primero la Patria, después el Movimiento, por último los hombres. Una tríada de valores que durante 17 años -el período de tan largo exilio- sostuvo el vínculo entre los militantes y Perón. Aquella militancia no era otra que la clase trabajadora, obreros, empleados, pequeños comerciantes, produc­tores de familias campesinas, incipientes dirigentes sindicales. La nueva clase medida nacida de una movilidad social ascendente. Eran otros tiempos, poco queda de todo eso.

Con la mitad de los trabajadores en condiciones precarias, severa­mente empobrecidos, con los pequeños productores en ruina, la clase media en vías de extinción y una di­rigencia sindical aburguesada que se ha transformado en patronal de la prevenda laboral, definitivamente la Argentina de 50 años atrás ya no existe. Si algo sobre­vive es un remedo burdo de lo que alguna vez fue. Por lo tanto corresponde preguntarse ¿hay peronismo sin trabajadores? 

En todo caso ¿quiénes son los militantes de este tiempo y qué liderazgo es el que los orienta? Está claro que este 17 de noviembre tiene muy poca relación con ese día que marcó el retorno de Perón al país. La distan­cia es enorme y no solamente en el plano cronológico. 

A propósito de cómo la realidad ha cambiado el es­cenario corresponde refrescar un hecho -escandalo­so- que alfombró el camino de la efemérides por el Día de la Militancia. A principio de esta semana, el fiscal federal Guillermo Marijuán presentó una denuncia penal en los juzgados porteños de Comodoro Py sobre las irregularidades detectadas en el cobro del Programa Potenciar Trabajo, que se canaliza a través del Ministe­rio de Desarrollo Social. 

El funcionario judicial hizo una investigación preli­minar con los datos aportados por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), que desnudó una brutal defraudación al Estado. La denuncia dice que la Afip analizó 1.382.279 casos de beneficiarios del Poten­ciar Trabajo y halló las siguientes irregularidades:

- 253.184 presentaron declara­ción jurada de bienes personales.

- 44.235 beneficiarios recibieron ingresos en los últimos seis meses mayores a dos veces el importe del salario mínimo vital y móvil.

- 63.211 registraron gastos o con­sumos con tarjeta de crédito o dé­bito o billetera mayor a dos veces el salario mínimo.

- 52.987 son propietarios de más de un inmueble, automotor, etc.

- 10.477 registran un automotor de menos de un año de antigüe­dad.

- 835 pertenecen al régimen simplificado (Monotri­buto) categoría C o superior.

- 8.019 son titulares de jubilaciones, pensiones o re­tiros.

- 209 poseen medicina prepaga o cobertura social.

- 35.398 compraron divisas (dólares) en el mercado de cambios.

- 39.874 son titulares de establecimientos comercia­les abiertos al público o explotación agrícola o ganade­ra.

- 2.870 perciben el subsidio a pesar de encontrarse fallecidos.

Este es el escenario de la Argentina en la actualidad. Cada lector podrá sacar sus conclusiones respecto de la militancia. s