Potenciar Trabajo: habrá una auditoría interna para detectar inconsistencias 

Mientras la Justicia in­vestiga las irregularidades detectadas por la Afip en el pago de más de 250.000 planes Potenciar Trabajo, la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, reconoció el viernes en con­ferencia de prensa que en los últimos 26 meses 82.272 destinatarios de ese progra­ma consumieron 4.498.144 dólares con tarjetas de cré­dito, y que se vio obligada a dar de baja "a 2.243 benefi­ciarios, 2.098 que adquirie­ron dólar ahorro y 145 que realizaron consumos en dólares con tarjetas de cré­dito. El Congreso aprobó el Presupuesto 2023 que otor­ga un aumento del 160% en la partida asignada a ese programa que administra el líder del Movimiento Evita, Emilio Pérsico, desde la Se­cretaría de Economía Social. 

En medio de la polémica por las supuestas irregula­ridades con el plan Poten­ciar Trabajo, y luego de una seguidilla de renuncias en el Ministerio de Desarrollo Social, la ministra Tolosa Paz afirmó que "menos del 0.3% de los destinatarios del programa" incumplie­ron las condiciones. Según afirmó, en una exposición ante la prensa, "es un uni­verso pequeño".

Antes de que la minis­tra saliera a reconocer el fraude que cometieron los beneficiarios, el fiscal Gui­llermo Marijuán formalizó una denuncia y pidió la sus­pensión del beneficio del Potenciar Trabajo para un poco más de 250.000 perso­nas que incurrieron en di­versas irregularidades, ade­más de la compra de dólares en el mercado cambiario. De acuerdo a un informe que entregó la Administración Federal de Ingresos Públi­cos -Afip- luego de entre­cruzar distintos datos, mu­chos titulares del programa asistencial habían hecho la declaración de bienes per­sonales, tenían viviendas, vehículos nuevos, eran co­merciantes, o habían per­cibido más de dos sueldos mínimos. 

La Afip, que está en ma­nos de un kirchnerista pala­dar negro, también detectó que más de 2 mil muertos seguían figurando como activos en el Potenciar Tra­bajo. Es decir, seguían co­brando.

Ante la evidencia de la información Tolosa Paz sa­lió al frente, pero minimizó el escándalo. "Hemos ins­truido la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo. Hay 2.098 que adquirieron dólar ahorro y 145 que realizaron consumos en dólares con tarjetas de crédito. Repre­sentan menos del 0.3% de los destinatarios del progra­ma", sostuvo.

"Quiero llevar tranquili­dad al 99.7% de los titulares del programa. Las y los des­tinatarios de las políticas sociales son nuestra princi­pal preocupación y los va­mos a proteger de cualquier estigmatización. Asumí este ministerio con la convic­ción de ordenar la imple­mentación de las políticas sociales y trabajar para que los recursos lleguen a quie­nes realmente necesitan. Rechazo la doble estigmati­zación a la que nos quieren someter: la de la pobreza y la del Estado ineficiente", agregó.

Por otro lado, la ministra ordenó una auditoría inter­na de los procedimientos administrativos para "de­tectar posibles inconsisten­cias en los procesos de alta y baja del programa Potenciar Trabajo. Con ese informe tomaremos decisiones para mejorar el control de los procedimientos".

"Quiero volver a anunciar que el 22/11 estará disponi­ble tanto en la app como en la web de Mi Argentina, un aplicativo para realizar, en forma gratuita, transparen­te y obligatoria, la revalida­ción biométrica de identi­dad de las y los titulares del Potenciar Trabajo", finalizó.

PRESUPUESTO

La partida presupuesta­ria aprobada por el Parla­mento el miércoles, sin la presencia de los senadores del PRO y la UCR, fue de 568.016.896.845 pesos. Si a ese monto se le suman el del resto de los programas que maneja el líder social, la cifra trepa a casi 6.000 millones de pesos -exac­tamente $594.285.915.597- casi la mitad del presu­puesto ministerial, que es de algo más de un billón de pesos: $1.169.156.152.175. En este caso, un incremento del 117,2% comparado con el presupuesto anterior.

La incomodidad de los números ilustran el poder que ostenta el líder social dentro de la dirigencia de la economía popular. Pérsico es un militante que demos­tró con creces su fidelidad al Jefe de Estado cada vez que este necesitó de su res­paldo, por ejemplo, cuando fue atacado por Cristina Kirchner, quien a través de una carta, a fines de octubre de 2020, denunció que en el Gobierno había "funciona­rios y funcionarias que no funcionan".

"El Estado Nacional debe recuperar el control, la au­ditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pue­den seguir tercerizadas. El Estado debe tener el mono­polio (de las políticas socia­les) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza. ¿O se le ocurre a alguien que podemos tercerizar la Policía? No", afirmó la ex presidenta.

El 3 de agosto, minutos después de jurar como mi­nistro de Economía, Sergio Massa anunció que se rea­lizaría una auditoría sobre los programas sociales. Ho­ras después hizo lo propio el entonces ministro de Desa­rrollo Social Juan Zabaleta. Para eso se capacitó a estu­diantes de Universidades Nacionales y, formulario en mano, comenzó el promo­cionado censo presencial entre los titulares del Po­tenciar Trabajo que debían cumplir veinte horas de ta­reas en una Unidad de Ges­tión, que por lo general son cooperativas de la economía popular que dependen de las propias organizaciones sociales.

El 22 de junio pasado la ex mandataria se puso al fren­te de una ofensiva contra las organizaciones sociales. Con una sugestiva frase, exigió que el Estado deje de tercerizar las políticas sociales. "Si Evita los viera, ¡mamita!". El blanco de las críticas estaban dirigidas a Emilio Pérsico.

"El Estado Nacional debe recuperar el control, la au­ditoría y la aplicación de las políticas sociales. No pue­den seguir tercerizadas. El Estado debe tener el mono­polio (de las políticas socia­les) así como el Estado tiene el monopolio de la fuerza", afirmó la ex presidenta.

La llegada de Victoria To­losa Paz cambió el rumbo de las cosas. Interrumpió la auditoría anunciada con bombos y platillos porque en poco más de un mes se había censado a sólo 35.000 beneficiarios y anunció que obligará a que los bene­ficiarios de ese programa (1.383.279 personas en total) realicen una "autogestión de validación de identidad" y respondan una encuesta y advirtió que quienes no lo hagan hasta el 5 de enero serán dados de baja de ma­nera automática.

El cambio de metodología fue anunciado después que diera a conocer el informe de la Afip, el fiscal federal Guillermo Marijuán pre­sentó una denuncia en los tribunales de Comodoro Py que recayó en los despachos del juez federal Julián Erco­lini y el fiscal Eduardo Taia­no. El informe, que recaló en Desarrollo Social el 24 de octubre pasado y que había sido solicitado por el ante­cesor de la ex diputada na­cional, Juan Zabaleta, ase­guraba que 63.211 beneficia­rios del Potenciar Trabajo registran gastos o consumos con tarjetas de crédito o dé­bito o billetera mayor a dos veces el importe del salario mínimo, vital y móvil, que 52.987 son propietarios de más de un inmueble y que casi 2.800 muertos seguían cobrando.s