El Potenciar en offside

En las últimas horas trascendió que la minis­tra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, le habría pedido a la Justicia que levante el secreto fiscal de los beneficiarios del programa asistencial Potenciar Trabajo que está bajo el control de su cartera. El objetivo, se presume, es depurar el padrón quitando a quienes se encuentran en situación irregular. Sin embargo la ministra, que forma parte del riñón político del presidente Alberto Fernández, cuenta con un instrumento denominado Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (Sintys) que todos los meses cruza automáticamente los datos personales -identidad, ingresos, patrimonio- de los inscriptos en el Potenciar Trabajo. El programa engloba a más de 1,3 millones de personas supuestamente desocupadas, o trabajadores que tienen un ingre­so mínimo y que no les alcanza para vivir. Hace poco más de dos semanas un informe de la Admi­nistración Federal de Ingresos Públicos (Afip) desnudó escan­dalosas incompatibilidades: más de 250.000 beneficiarios están en offside.

A partir del informe de la Afip comenzó una pesquisa judicial que está a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuán. Busca determinar el nivel de incumplimiento y la res­ponsabilidad de los organismos y las autoridades, en­tre ellas Tolosa Paz. Ya declaró, como testigo, Carlos Castagneto, titular de la agencia fiscal; también fue ci­tado el jefe de Gabinete, Juan Manzur, pero todavía no respondió. No se descarta que la propia Tolosa Paz sea llamada a declarar. 

En medio, el Ministerio de Desarrollo Social, que funciona como una oficina asistencial, dio de baja a poco más de 2.000 beneficiarios del Potenciar Traba­jo porque detectó que habían comprado dólares en los bancos. 

Está claro que el programa se encuentra salpicado por la corrupción. El punto es precisar la profundidad de la corrosión y qué funcionarios están implicados. El escándalo es innegable, no tiene mayor repercusión debido a que la agenda cotidiana está repleta de es­cándalos mayúsculos. Ejemplo: ayer la vicepresidenta en ejercicio, Cristina Fernández de Kirchner, tuvo que decir "las últimas palabras" en el juicio que enfrenta por asociación ilícita con la obra pública. La próxima semana se conocerá la sentencia. 

Pocos países pueden darse este gusto. La segunda figura institucional más importante está sentada en el banquillo de los acusados, junto con un puñado de funcionarios, ministros y colaboradores de su gobier­no. La Señora dijo que el tribunal que la juzga es un "pelotón de fusilamiento". 

Con estos hechos y dichos en medio, ¿quién puede estar pen­diente del volumen del fraude con el asistencialismo estatal? Se po­dría decir, casi sin margen de error, que el bochorno del Potenciar Tra­bajo es parte de la misma trama. Responde a una matriz de gestión. 

Como sea, ahora Tolosa Paz quiere saber la situación patrimo­nial de los beneficiarios del plan, si tiene viviendas, vehículos, una moto de alta o baja cilindrada; si es titular de un comercio, un em­prendimiento; su categoría tributaria, cuentas banca­rias, en fin, datos finos que el Ministerio debería tener -y los tiene- gracias al Sistema de Identificación Nacio­nal Tributario y Social (Sintys). 

Por más insólito que parezca, ayer fue a la Justicia para pedir que le levanten el cepo a la información. Es extraño, pero sería más sencillo y directo si le pide una ampliación de datos a Carlos Castagneto, de la Afip. Forman parte de la misma gestión, ¿o no?

El lunes, el ex arquero de fútbol Castagneto compa­reció ante el fiscal Marijuán. Al salir, precisó: "La Afip declara datos estadísticos, no declara irregularidades, no somos un ente ejecutor ni definidor de estas políti­cas públicas". Esa tarea es del Ministerio y, además, de la Justicia.