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CONSTRUCCIONES ILEGALES

Los terraplenes que desvían e interrumpen ríos y esteros

Se conoció cómo se corta la circu­lación del Miriñay. Corriente tiene historia con estos montículos de tie­rra, como el de Yahaveré en el Iberá.

En los últimos días se co­noció y se vieron imágenes de una elevación de tierra construida con maquinaria y destinada a interrumpir la normal circulación de las aguas del río Miriñay, a po­cos kilómetros de la Ruta 126 en Curuzú Cuatiá, con el fin de aprovechar al máximo el escaso nivel de la aguas y regar plantaciones de arroz. De todos modos, la pro­vincia de Corrientes tiene historia de la construcción de terraplenes por parte de compañías que administran estancias dedicadas a dife­rentes actividades produc­tivas, sin tener en cuenta, justamente el medio am­biente y el perjuicio que po­drían causar a la fauna local y a los recursos. También es de recordar que no siempre se actúa con la celeridad de los órganos de control y de aplicación de las normati­vas vigentes. Por ejemplo el denunciado terraplén de 24 kilómetros de extensión en pleno corazón del Iberá y denunciado por los pobla­dores de Yahaveré.

En el caso del montículo conocido en los últimos días debido a una investigación judicial vale recordar que, trascendieron las imágenes luego del allanamiento reali­zado por la justicia junto con efectivos del Escuadrón Nº 7 de Gendarmería Nacional a una estaciona ubicada en el departamento de Curuzú Cuatiá. En declaraciones a Fm Total de Curuzú Cuatiá, el fiscal de la causa, Gerardo Cabral, explicó que se cons­tató una barrera artificial construida sobre el río Mi­riñay. "Se utilizaron drones con GPS para localizar bien el punto, las coordenadas y se avanzó con el secuestro preventivo de motor con es­tación de bombeo y también pretendíamos secuestrar una excavadora pero que ya no estaba al momento del allanamiento. Se constató la existencia de la arrocera, que sería ilegal, explotada por una firma de San Salva­dor Entre Ríos, Marcos Sch­mukler S.A.".

Y agregó: "Pedimos infor­mación al Icaa que estamos esperando, pero verbal­mente nos informaron que la arrocera no tiene autori­zación para el uso del agua, por lo que la semana que viene esteramos realizando las imputaciones".

Tras los allanamientos or­denados por el juez Martín Vega, Cabral dijo a un diario colega de que "se avanzará con el pedido de destruc­ción del terraplén que impi­de la circulación del escaso caudal del agua. Se trabajará para ello de manera articu­lada con el Estado provin­cial, debido a que el Minis­terio Público no cuenta con la logística necesaria para llevar adelante esa tarea. Se requiere de maquinaria es­pecífica como retroexcava­dora, entre otras". Inclusive agregó que no descartan que pudieran quedar imputados el propietario de las tierras, el titular de la arrocera, el técnico encargado de la obra, incluso funcionarios públicos por los delitos de usurpación de agua (artículo 182 del Código Penal) y daño gravado (artículo 184 inciso 5, CP).

Yahaveré

En 2005 la entonces ha­cienda San Eugenio (ex Forestal Andina) avanzó con la construcción de un terraplén, sin autorización oficial, de 24 kilómetros de extensión destinado a la ex­plotación ganadera y comer­cial de campos. Junta con la obra se exigía la remoción de la población asenta­da en el paraje Yahaveré, a 30 kilómetros al este de la localidad de Concepción, por considerar que estaban asentados en terrenos pri­vados de la firma. El terra­plén perjudicaba además el normal escurrimiento de las aguas, y al medio ambiente en la zona de la Reserva de los Esteros del Iberá. Tras distintos fallos de la Justicia, por más de una década se demoró la destrucción del terraplén, luego reconstrui­do. Fueron tiempos de mar­chas y reclamos sociales y en la Justicia, respecto de las responsabilidades del Esta­do provincial en el control y cuidado del medio ambien­te. En 2019, el largo conflicto territorial entre la comuni­dad de Yahaveré y la empre­sa y Haciendas San Eugenio S. A finalizó con un acuerdo de mediación en la que los pobladores obtuvieron las escrituras de tierras cedidas por la empresa ganadera.