Otro ítem sin resolver

Esta semana antes del inicio del encadena­miento de feriados que paraliza al país has­ta el próximo lunes, el gobierno de Alberto Fernández prorrogó por un año el plazo para practicar la denominada Revisión Tarifaria Integral (RTI), que no es otra cosa que la confección de nue­vos cuadros tarifarios que aplican las empresas que brindan los servicios de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural. La medida se dispuso a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia -que lleva el número 815/2022- publicado en el Boletín Ofi­cial el pasado miércoles. La revisión tarifaria, que ten­dría que haberse realizado en los últimos dos años, quedará para la próxima administración de go­bierno. 

Otro asunto más sin resolver, que queda en la agenda del si­guiente gobierno. No es un deta­lle menor pues significa -ni más ni menos- actualizar valores de costos que luego impactan en toda la cadena de prestación del servicio. 

Esta postergación no implica una suspensión de aumentos de tarifas el año próximo, sino que esas subas se seguirán ejecutando con medidas tran­sitorias definidas por el Gobierno sin responder a un sistema de actualización automática conforme a va­riable determinada como la evolución de la inflación o la suba de los salarios o un mix de estos dos indica­dores. No, el precio, una vez más, quedará al arbitrio de la Casa Rosada donde se definen medidas más con sentido político, es decir de oportunidad e interés sec­torial, que técnico.

Este es el gran problema de la Argentina. La ausen­cia de previsibilidad por la inexistencia de mecanis­mos claros y trasparentes que definan cómo funcio­nan y se aplican las variables de la economía, en este caso para fijar la tarifa de un servicio esencial. Le toca­rá a la siguiente gestión sincerar la realidad. A menos que el próximo gobierno opte también por extender la precariedad. 

La decisión de suspender la Revisión Tarifaria Inte­gral (RTI) que estuvo vigente durante el mandato de Mauricio Macri se tomó en diciembre de 2019, apenas llegó al poder Alberto Fernández, en el marco de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que declaró la "emergencia tarifaria", entre otras. En ese momento, se puso un plazo de dos años para hacer una nueva RTI. En el decreto se remarcó el incremento significativo y generalizado de los precios internacio­nales, con un primer salto de los costos energéticos mundiales hacia el tercer cuatri­mestre de 2021 y luego la guerra en Ucrania que generó una nueva suba de los precios, especialmen­te del Gas Natural Licuado (GNL) y del gasoil, que la Argentina im­porta en el invierno para comple­mentar la producción nacional de gas natural y abastecer la deman­da interna.

"Los servicios públicos de elec­tricidad y gas desempeñan un pa­pel esencial en el desarrollo eco­nómico y social, por lo cual su ac­cesibilidad resulta indispensable para los hogares. Las políticas tarifarias aplicadas des­de 2016 hasta 2019 implicaron una reducción de los ingresos de los hogares en términos reales, con incre­mentos tarifarios muy por encima de los ingresos de la población, en un contexto de grave crisis económica", señala el decreto de marras. El argumento es atendi­ble, pero el hecho ineludible es que la no actualiza­ción de los precios de costos termina repercutiendo a la larga en el bolsillo de los contribuyentes por vía del déficit público. Alguien tiene que pagar la diferencia y cuando lo hace el Estado esa carga se reparte entre to­dos los argentinos sin importar que aprovechen o no el servicio. Eso sucede, por ejemplo, con el gas natural. Corrientes y el NEA no cuentan con ese servicio, pero lo pagan a través del déficit público.