Los recientes fallos judiciales y su incidencia en las jubilaciones

En los últimos días se informó que la Corte pro­vincial emitió un fallo en materia de determinación del haber jubilatorio, al de­clarar la inconstitucionali­dad de la segunda parte del artículo 3 del decreto de ley 167/01. Según informaban, esto implica que a partir de este nuevo fallo -para quie­nes se jubilen- se tomará el promedio de los últimos 10 años anteriores al cese de la actividad laboral y de allí se fijará el 82% móvil que será el haber inicial. 

Frente a esta información, NORTE de Corrientes con­sultó a la abogada previsio­nalista, María de las Merce­des Solís de Zambrano, para echar un poco de claridad sobre esa información, la que, según aseguraron a este diario, generó mucha preocupación a los jubilados provinciales.

En ese sentido, la letrada explicó que los haberes de los jubilados y pensionados de la provincia de Corrientes se determinan actualmente conforme a la ley vigente, es decir: el prorrateo de los últimos 20 años de las re­muneraciones anteriores al cese. "En los hechos no se percibe el 82 por ciento móvil (en caso de la jubila­ción) o el 75 por ciento del 82 por ciento móvil (en caso de la pensión). Es decir, cada trabajador provincial que se jubila acude a la Justicia para conseguir el cumplimiento de la ley, el fallo es indivi­dual y la aplicación automá­tica no lo puede realizar el Instituto de Previsión Social (IPS), lo hace sólo en los ca­sos en que se expida la Jus­ticia con sentencias firmes; por lo tanto, y según el caso, cada profesional abogado asesora al respecto la con­veniencia de la iniciación de acción judicial".

"Suponiendo el caso de que se decidiere plantear judicialmente un recurso de amparo por inconstitu­cionalidad de los decretos leyes 22/00 y 167/01, hoy, con la última jurisprudencia sentada por el fallo 33/22 del STJC, podría lograrse que el cálculo matemático de de­terminación de haber previ­sional lo sea sobre el prome­dio de las remuneraciones con aportes de los 120 meses (10 años) anteriores al cese, computándose -si fuere el caso- los servicios con apor­tes simultáneos efectua­dos a otras cajas, de acuer­do al criterio del STJ sobre el particular.... así como la garantía de movilidad au­tomática, ...tal como fuera sentenciado en los autos: Centro de Jubilados y Pen­sionados de la provincia de Corrientes c/ Estado de la Pcia de Ctes. e Insti­tuto de Previsión Social S/acción contenciosa admi­nistrativa, Expte STJ 281- Fallo 86 (siempre y cuando la Justicia lo ordenare expre­samente así)".

En ese sentido, explicó: "Lo que vino a revertirse con el fallo 33/22 del STJC, cambiándose de la noche a la mañana el plazo y modo de cómputos para determi­nación del haber Inicial (y que no sería cuestionable a mi criterio, siempre y cuan­do el modo fuere determi­nado por ley); aunque, si con el agravante, tal cual fuera determinado por mayoría de los miembros del supre­mo tribunal provincial en el fallo 33/22, al ordenar: Sin incluir los adicionales no re­munerativos". 

Asimismo, recordó que los organismos provincia­les, como el Ministerio de Educación (respecto a los docentes), la Dirección Pro­vincial de Energía de Co­rrientes (Dpec) u otros entes autárquicos o descentrali­zados, o los municipios de la capital o del interior pro­vincial, "no efectúan contri­buciones ni retienen aportes de sus agentes en determi­nados rubros y/o adiciona­les, que de modo regular, habitual y/o permanente y como contraprestación pecuniaria por sus tareas, pagan a los agentes en acti­vidad; y el IPS al no recibir los aportes y contribuciones correspondientes a dichos adicionales y/ o rubros, que por ley corresponde le sean depositados para sostener el sistema previsional, solida­rio y de reparto; se enfrenta mes a mes con el peligro del desfinanciando de la Caja, que debería cumplir con sus beneficiarios, no lo hace por dicho motivo y, consecuen­temente, viola la ley de ju­bilaciones al no cumplir con el pago del 82% ni del 75% o del 82% móvil garantiza­do por ley y constitucional­mente".

Por otro lado, manifestó, con respecto a éste último punto, que "el presidente del cuerpo, Luis Rey Vázquez, con su voto fundado en de­recho; con criterio sano y equitativo; acompañado en el mismo sentido con voto del ministro Fernando Niz, como conclusión sobre este punto, en los considerandos del fallo: En este punto como el Estado provincial no ha realizado la retención de los aportes a estos ítems decla­rados judicialmente como remunerativos, . . .considero sin embargo, en aras de re­gularizar esta situación ante el IPS, que podría poner en riesgo la sustentabilidad del sistema previsional, dispo­ner que el Estado provincial se presente ante el Instituto de Previsión Social para la pertinente regularización previsional de los aportes y contribuciones omitidos. Criterio este que, lamenta­blemente y para perjuicio del beneficiario del IPS, no fuera compartido por los demás miembros, no siendo ello ordenado en el resoluto­rio del fallo 33/22; muy por el contrario, de modo tajante declaró: Y sin incluir los adi­cionales no remunerativos".

"Por ello, y ante esta in­equitativa y arbitraria deci­sión, los damnificados jubi­lados y pensionados están acudiendo nuevamente a la Justicia; y continuarán ha­ciéndolo mientras esta omi­sión no sea revertida por quienes tienen la obligación de hacerlo; clamando justi­cia; y jueces inferiores y la Cámara de Apelación Con­tenciosa Administrativa les está respondiendo favora­blemente, como por ejemplo con el fallo firme Nº 231/22 del 1/12/2 dictado por la juez María Belén Güemes, en los autos: Meza, Susana de las Mercedes C/ Instituto de Previsión Social - Estado de la provincia de Corrientes S/ amparo- Expte 229.756/22. Que resolviera lo siguiente en lo pertinente: Hacer lugar a la acción de amparo, de­clarando inconstitucionales los artículos 6º de decreto ley 22/00 Y 3º del decreto ley 167/01; y ordenando al Instituto de Previsión So­cial y subsidiariamente al Estado provincial que li­quide y abone a la persona amparista... su haber jubi­latorio -con sus reajustes, si hubiere, y calculándolo de acuerdo al art. 35º de la ley 4917, sin las modificaciones declaradas inconstituciona­les, incluyendo en el cálculo a la asignación especial ley 25.053; el rubro compen­sador docente provincial y el adicional conectidad nacional (art. 9 ley de fi­nanciamiento educativo). Y ordenar al Estado provincial a regularizar ante el IPS, la deuda por aportes y contri­buciones como consecuen­cia del reconocimiento del carácter remunerativo de los adicionales menciona­dos", finalizó