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ESTAFA CON VENTA DE LOTES EN SANTA ANA

Terrenos: otra funcionaria libre

Se trata de una empleada de rango de Catastro, que se suma a otros ocurridos la semana pasada. La cau­sa tiene una acusada prófuga. 

La Cámara de Apelacio­nes de Corrientes dispuso otra liberación más en el marco de la causa terreno, las cual en los últimos me­ses fue disminuyendo en el número de personas dete­nidas por la pregunta estafa con terrenos en Santa Ana de los Guácaras que involu­cra a funcionarios provin­ciales (que tras el escándalo fueron desplazados pero judicialización también esa cuestión). Esta vez fue el turno de la agrimensora Liliana Ortiz, quien fue una de las detenidas durante los operativos llevados a cabo por la Prefectura Naval Ar­gentina en cumplimiento de una orden dada por el juzgado de instrucción Nº 3 de la ciudad de Corrientes, a cargo de la doctora Josefina González Cabañas. Al igual que los anteriores liberados, de los que dio cuenta en su momento este matutino, Ortiz cumplía funciones en la dirección de Catastro (de hecho uno de los liberados la semana pasada por el Tribunal de Alzada fue su desplazado directo Narciso Toffoletti). De esta manera los funcionarios de máxima jerarquía que habían sido capturados meses atrás de­jaron los lugares de deten­ciones donde se hallaban, en el caso de Ortiz el insti­tuto Pelletier (Unidad Penal 3). Allí todavía permanece alojada la principal acusa­da de la causa la escribana Dionisia Báez, a quien se la sindica como la diseñado­ra de una asociación ilícita -junto con la prófuga a la fecha Teresita Vázquez- de­dicada a la falsificación de documentos públicos de tí­tulos de propiedad, los cua­les contaban con los avales tanta de Catastro como del Registro de la Propiedad In­mueble, cuya titular María Eugenia Demetrio también estuvo detenida pero logró su liberación por la misma cámara de Apelaciones ya en octubre pasado. 

La investigación comen­zó el año pasado pero tomó estado público en febrero de 2022 cuando por orden de la jueza González Caba­ñas y a instancias del fiscal Gustavo Roubineau, la Pre­fectura llevó adelante los primeros operativos donde arrestó a Báez y otras perso­nas cercanas para avanzar luego en otros componen­tes de la organización dedi­cada a quedarse con terre­nos en zonas de creciente valor inmobiliario. Entre los imputados figura también el fiscal de Cámara Gustavo Schmitt, quien pese a ello continúa cumpliendo fun­ciones ante el Tribunal Oral Penal 2 de la ciudad de Co­rrientes y ha asegurado que es inocente.s