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COPARTICIPACIÓN

El Gobierno no acatará el fallo de la Corte

Los gobernadores peronistas co­municaron la decisión del Poder Ejecutivo, en gesto político puertas adentro.

El Gobierno nacional no acatará el fallo de la Corte Suprema, que restituyó fon­dos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que "es de impo­sible cumplimiento" y "tiene una mirada unitaria" de la Argentina. 

En fila, los mandatarios convocados por el Presiden­te salieron a dar detalles de lo acordado.

"Luego de reunirnos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, los go­bernadores coincidimos en que el fallo de la Corte Su­prema tiene una mirada uni­taria, netamente centralista del país, que es de imposible cumplimiento para el Go­bierno nacional", subrayó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en su cuenta oficial de Twitter.

El mandatario provincial participó de manera virtual del encuentro que compar­tió este mediodía el Presi­dente en la Casa Rosada jun­to a 14 gobernadores para fijar postura sobre el fallo de la Corte que obliga a la Na­ción a entregarle a la Ciudad el 2,95% de la masa de fon­dos coparticipables. 

Tras la reunión, que con­tó con la presencia de diez mandatarios provinciales y cuatro de manera virtual, Melella afirmó que el fa­llo del máximo tribunal de Justicia es "un golpe al fe­deralismo para beneficiar políticamente a la Ciudad de Buenos Aires, en especial a su jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) en des­medro de todas las provin­cias argentinas".

"Es claro que suspender la aplicación de una ley del Congreso y ordenar a la Na­ción a otorgar el equivalente a 2,95% de fondos copartici­pables, ha sido una decisión para beneficiar a Larreta y perjudicar a las provincias y a la Nación", apuntó.

Del encuentro que se rea­lizó en la Casa de Gobier­no participaron de manera presencial los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Ai­res), Gildo Insfrán (Formo­sa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Ge­rardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa). 

En tanto, de forma virtual se sumaron Jorge Capita­nich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).

La convocatoria tuvo una señal clara en lo político: puertas adentro el respaldo al mandatario nacional aco­sado por el kirchnerismo para avanzar con medidas más extremas para con el Poder Judicial.

RECUSACIÓN

El presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y pre­sentar un pedido de revoca­toria "in extremis" contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del vo­lumen de impuestos copar­ticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.

"En un fallo inédito, in­congruente y de imposi­ble cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adi­cionales a los que ya perci­be", argumentó el Gobierno.

El origen de la controver­sia data del 2016, cuando el entonces presidente Mauri­cio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la participación co­rrespondiente a Caba por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, el fundador del PRO modifi­có ese número y lo fijó en 3,5%.

La explicación de enton­ces del Gobierno de Cam­biemos fue que el monto respondía al "Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas" en la Ciudad.

De acuerdo con ese planteo, el distrito co­mandado por Horacio Rodríguez Larreta exigía 112 mil millones de pesos para una fuerza de 19 mil agentes, algo que contras­ta con los 70 mil millones de pesos que recibe la Po­licía Federal para sus 32 mil efectivos.

En 2020, ya durante el Gobierno de Alberto Fer­nández, se redujo ese por­centaje y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a la Ciudad