El Gobierno no acatará el fallo de la Corte
Los gobernadores peronistas comunicaron la decisión del Poder Ejecutivo, en gesto político puertas adentro.

El Gobierno nacional no acatará el fallo de la Corte Suprema, que restituyó fondos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, al considerar que "es de imposible cumplimiento" y "tiene una mirada unitaria" de la Argentina.
En fila, los mandatarios convocados por el Presidente salieron a dar detalles de lo acordado.
"Luego de reunirnos con el presidente de la Nación, Alberto Fernández, los gobernadores coincidimos en que el fallo de la Corte Suprema tiene una mirada unitaria, netamente centralista del país, que es de imposible cumplimiento para el Gobierno nacional", subrayó el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, en su cuenta oficial de Twitter.
El mandatario provincial participó de manera virtual del encuentro que compartió este mediodía el Presidente en la Casa Rosada junto a 14 gobernadores para fijar postura sobre el fallo de la Corte que obliga a la Nación a entregarle a la Ciudad el 2,95% de la masa de fondos coparticipables.
Tras la reunión, que contó con la presencia de diez mandatarios provinciales y cuatro de manera virtual, Melella afirmó que el fallo del máximo tribunal de Justicia es "un golpe al federalismo para beneficiar políticamente a la Ciudad de Buenos Aires, en especial a su jefe de Gobierno (Horacio Rodríguez Larreta) en desmedro de todas las provincias argentinas".
"Es claro que suspender la aplicación de una ley del Congreso y ordenar a la Nación a otorgar el equivalente a 2,95% de fondos coparticipables, ha sido una decisión para beneficiar a Larreta y perjudicar a las provincias y a la Nación", apuntó.
Del encuentro que se realizó en la Casa de Gobierno participaron de manera presencial los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Raúl Jalil (Catamarca), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Gustavo Bordet (Entre Ríos), Ricardo Quintela (La Rioja), Sergio Uñac (San Juan), Gerardo Zamora (Santiago del Estero), Mariano Arcioni (Chubut) y Sergio Ziliotto (La Pampa).
En tanto, de forma virtual se sumaron Jorge Capitanich (Chaco), Oscar Herrera Ahuad (Misiones), Gustavo Melella (Tierra del Fuego) y Alicia Kirchner (Santa Cruz).
La convocatoria tuvo una señal clara en lo político: puertas adentro el respaldo al mandatario nacional acosado por el kirchnerismo para avanzar con medidas más extremas para con el Poder Judicial.
RECUSACIÓN
El presidente Alberto Fernández decidió recusar a los miembros de la Corte Suprema de la Nación y presentar un pedido de revocatoria "in extremis" contra la resolución cautelar dictada por el máximo tribunal que dispuso que el Gobierno destinara el 2,95% del volumen de impuestos coparticipables a la Ciudad de Buenos Aires, se informó oficialmente.
"En un fallo inédito, incongruente y de imposible cumplimiento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sin fundar el modo por el cual construye dicho monto, decide aumentar ese porcentaje al 2,95; es decir, le otorga a la Ciudad de Buenos Aires más de 180 mil millones de pesos adicionales a los que ya percibe", argumentó el Gobierno.
El origen de la controversia data del 2016, cuando el entonces presidente Mauricio Macri firmó un decreto que aumentaba del 1,4% al 3,75% la participación correspondiente a Caba por la coparticipación federal. Luego, con otro decreto, el fundador del PRO modificó ese número y lo fijó en 3,5%.
La explicación de entonces del Gobierno de Cambiemos fue que el monto respondía al "Convenio de Transferencia Progresiva a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires de facultades y funciones de seguridad en todas las materias no federales ejercidas" en la Ciudad.
De acuerdo con ese planteo, el distrito comandado por Horacio Rodríguez Larreta exigía 112 mil millones de pesos para una fuerza de 19 mil agentes, algo que contrasta con los 70 mil millones de pesos que recibe la Policía Federal para sus 32 mil efectivos.
En 2020, ya durante el Gobierno de Alberto Fernández, se redujo ese porcentaje y se sancionó una ley en el Congreso para fijar el monto que debía pagarse a la Ciudad