Coparticipación: denunciaron a Alberto Fernández por no acatar fallo de la Corte 

Juntos por el Cambio de­nunciará penalmente al pre­sidente Alberto Fernández por su decisión de no acatar el fallo de la Corte Supre­ma de Justicia respecto a la disputa por los fondos de coparticipación reclamados por la Ciudad de Buenos Aires, ya que considera que está cometiendo los delitos de "alzamiento, incumpli­miento de los deberes de funcionario público y des­obediencia".

Ya formalizaron dos pre­sentaciones ante la Justicia Federal: una de la líder de la Coalición Cívica-ARI, Elisa Carrió, y dirigentes de ese partido, y otra de legislado­res nacionales de la Unión Cívica Radical.

La chaqueña y referentes de su espacio advirtieron que los funcionarios del Go­bierno "quieren chocar las instituciones pero van a per­der, no lo van a lograr".

Junto a Carrió firmaron la demanda el presidente de la Coalición Cívica-ARI, Maxi­miliano Ferraro; el jefe de la bancada partidaria en la Cámara de Diputados, Juan Manuel López; las legisla­doras nacionales en repre­sentación de la Ciudad Paula Oliveto y Mariana Zuvic; y los ediles porteños Facun­do del Gaiso, Hernán Reyes, Cecilia Ferrero y Lucía Ro­mano.

A la par, legisladores radi­cales también recurrirán a la Justicia con la misma acusa­ción contra el mandatario, quien afirmó que el fallo de la Corte Suprema es "inédi­to, incongruente y de impo­sible cumplimiento".

"Hay distintos actores: el Presidente, que se niega a cumplir una resolución de la Corte, pero también los ministros, que fueron no­tificados; los gobernadores que suscriben en la comuni­cación y que no sólo incum­plen sino que desconocen el valor de la resolución de la Corte", señaló la diputada nacional de la UCR Mariana Stilman.

La dirigente opositora re­marcó que "cada uno de los involucrados deberá res­ponder en la medida de sus acciones y omisiones ante la Justicia" y afirmó que lo que está haciendo el Gobierno nacional es "rebelarse con­tra la decisión del máximo tribunal".

"En principio, la respon­sabilidad está en cabeza del Presidente, del jefe de Gabi­nete (Juan Manzur), del mi­nistro de Economía (Sergio Massa), del Interior (Eduar­do ‘Wado’ De Pedro)", con­cluyó Stilman, quien recor­dó que ayer fue "el segundo día de desacato’".

En paralelo, los jefes de los bloques que conforman Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados deba­tían ayer la mejor forma de llevar adelante los dichos del alcalde porteño, que no es otra cosa que el pedido de juicio político al presidente Alberto Fernández.

Alrededor de las 11 de la mañana, Cristian Ritondo (PRO), Mario Negri (UCR), Juan Manuel López (CC-ARI) y Rodrigo De Loredo (Evolución) se comunicaron para empezar a debatir el tema. "Estamos analizando el mejor camino a seguir, estamos recabando toda la información", explicó una fuente que participó de las conversaciones.

Tanto los equipos técni­cos del PRO como de la UCR están trabajando en el texto para presentar en la Cáma­ra baja. De hecho, desde el partido centenario ya ade­lantaron que la decisión está tomada y que el proyecto ingresará el lunes por la tar­de o martes a primera hora. El pedido de juicio político será por incumplimiento de deberes de funcionario pú­blico.

Desde el juicio político contra los integrantes de la Corte Suprema del me­nemismo, que entre 2003 y 2005 provocó la destitu­ción de los jueces Eduardo Moliné O’Connor y Antonio Boggiano (Julio Nazareno, Guillermo López y Adolfo Vázquez renunciaron du­rante el proceso), ningún otro proyecto prosperó en el Congreso más allá de al­gunos intentos frustrados.s

Empresarios pidieron al Gobierno respetar el fallo 

Luego de que el Gobierno anunciara que no va a aca­tar el fallo de la Corte Suprema sobre el recorte de fon­dos de la coparticipación de la Caba, distintas entidades empresarias se manifestaron para señalar la gravedad institucional de la medida. La Asociación Empresaria Argentina (AEA), que nuclea a los dueños de las gran­des empresas argentinas como Paolo Rocca (Techint), Héctor Magnetto (Clarín), Luis Pagani (Arcor), Alfredo Coto (Coto), Sebastián Bagó (Bagó) y Federico Braun (La Anónima), entre otros, definió como de "extrema gra­vedad" la intención del Ejecutivo de no cumplir un fallo de la Corte.

"La República se construye sólo sobre el respeto a la institucionalidad establecida en nuestra Constitución Nacional", aseguró la asociación. Desde Idea, en tanto, remarcaron en un comunicado que en una encuesta de la que participaron más de 250 empresarios se destacó la "estabilidad institucional" como la principal palanca para incentivar la inversión, superando ampliamente otros factores como la inflación, la cuestión laboral o el marco impositivo. "El respeto absoluto a los fallos de la Justicia es un pilar de la democracia y, por lo tanto, de la estabilidad en las reglas de juego que es imprescindible para que aumente la inversión privada y con ello el em­pleo", dijeron desde Idea.