La grieta en clave judicial

El enfrentamiento entre el Gobierno Nacional y la Corte Suprema de Justicia que se desató en las últimas horas luego del fallo que le restituye una tajada de la Coparticipación Federal que le fue quitada a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ins­taló un peligroso enfrentamiento político/institucional que podría provocar un severo daño al país. La fractura está expuesta, porque un puñado de gobernadores pro­vinciales -la mayoría- acompañan la postura del Poder Ejecutivo Nacional; solamente los radicales, que son tres, constituyen una entente que sostiene la resolución del máximo tribunal de Justicia del país. En los hechos, no es más que la grieta, ahora con un condimento judicial que roza la interpretación de cómo se debe aplicar la Constitución Nacional.

Nada bueno puede salir de esta confrontación. Es imperioso que los actores políticos encuentren rápidamente el sendero para ha­llar un punto de consenso que evite ingresar al 2023 -que es un año electoral- en un clima de con­flagración.

Pero ¿de qué se discute? Básica­mente de la distribución de los re­cursos federales, de la famosa Co­participación Federal. Sin embargo, enancada en esta discusión hay una cuestión mucho más trascendente, el propio federalismo, una virtud que la Argentina ha perdido. La conserva como título, pero no la practica. Es culpa de los políticos.

Ahora bien, la coparticipación federal no es más que la distribución de la recaudación impositiva que reali­za el Estado Nacional, en muchos casos a través de las provincias. Parte de esa recaudación la retiene el propio Estado Nacional y el resto lo distribuye entre las pro­vincias, también la Anses, la Afip y demás Institutos y Fondos con fines específicos. Durante el gobierno de Mauricio Macri el porcentaje de coparticipación de im­puestos que recibía la Ciudad de Buenos Aires por parte del Estado Nacional era del 1,4%. Luego de transferir a la órbita de la Ciudad parte de la Policía Federal que se transformó finalmente en la "Policía de la Ciudad"-con ella también se tuvieron que transferir los recursos ne­cesarios para su funcionamiento-. La coparticipación para la Ciudad pasó entonces del 1,4% al 3,50%.

Antes de eso ya había reclamos y quejas de todos los colores, nunca fueron atendidos salvo caso excepcio­nales, como La Rioja que recibe un monto fijo en cada Ley de Presupuesto porque alguna vez quedó relegada en el porcentaje de distribución. Un obsequio que gra­ciosamente todos los gobiernos, y los legisladores, le conceden a los riojanos.

El punto es que en plena pan­demia -en 2020- y ante una mo­vilización que realizó la Policía bonaerense a la Quinta de Olivos en reclamo por condiciones sala­riales y el temor que esto generó en el oficialismo, el presidente Alberto Fernández a través de un decreto -como el de Macri- toma la decisión unilateral de quitarle a la Ciudad de Buenos Aires el 1,18% de coparticipación para compulsi­vamente transferirle ese monto a la gobernación de Axel Kicilloff para salarios de la Policía. La Ciudad de Buenos Aires se presentó ante la Corte Suprema a recla­mar lo suyo y el máximo tribunal le dio la razón.

El porcentaje que restituyó no afecta a lo que reciben las diferentes provincias, sin embargo hay 18 mandata­rios que protestan. Es un dato a tener en cuenta.

Otro detalle que importa, el fallo de la Corte no repa­ra en las evidentes inequidades que existen en el repar­to de coparticipación. ¿Le corresponde hacerlo? No, en la medida que no haya demandas puntuales. 

La Coparticipación Federal es una herramienta tre­mendamente injusta, especialmente con aquellas juris­dicciones que más aportan; pero sobre todo es injusta con las que aportan muy poco y gastan mucho. 

Es el país deforme que hay que recomponer, pero la grieta no lo permite.