Coparticipación: una ley que acentúa la inequidad, pero nadie propone cambiar

La ley 23.548, que define la distribución de los recursos federales que se recaudan a través de las ventanillas pro­vinciales, se puso en vigencia en enero de 1988 -final del go­bierno de Raúl Alfonsín-, en principio se trataba de un or­denamiento transitorio, pero la falta de entendimiento hizo que la ley llegará hasta estos días, incluso con una manga constitucional (reforma de 1994) que establecía la regla­mentación definitiva. Así las cosas, el reparto de la torta es desigual, o mejor dicho caren­te de equidad. La distribución del dinero se hace sobre un modelo deforme, arbitrario y, en muchos casos, antojadizo políticamente. 

Hay distritos que aportan poco y reciben mucho. Los parámetros están descuaje­ringados. Por ejemplo, Chaco tiene el cuarto mejor índice de coparticipación, por arri­ba de Entre Ríos, Mendoza, Tucumán y Salta. ¿Está bien? Pareciera que no, pero ¿quién tiene la medida justa? La co­participación del Chaco es casi un punto y medio más gorda que la de Corrientes. 

Otra rareza, Formosa reci­be lo mismo que Corrientes y Misiones. La impresión gene­ralizada es que el distrito de Gildo Insfrán está un escalón abajo en materia económica y social, por lo tanto su apor­te a la masa global es mucho menor; sin embargo, embolsa igual cantidad de dinero. 

El tema merece ser discu­tido, pero ninguno quiere ha­cerlo, ni el Gobierno nacional ni los provinciales, aparente­mente sacan más provecho en este barullo. Además, en cada proceso de refinanciación de deudas los gobernadores ce­den porcentajes de la "Copa" a cambio del perdón de sus malas administraciones. Co­rrientes no ha sido la excep­ción, así se fue embrollando el sistema y sobre todo los pará­metros de distribución. 

Según la ley, la copartici­pación consiste en que una porción de los fondos tributa­rios recaudados por la Nación se reparta entre las provincias en tiempo real; a medida que se recauda diariamen­te, la administración central realiza trans­ferencias automáticas a las jurisdicciones. 

De la masa total de fondos, en primer lugar se hacen dos detracciones: un 15% que se destina al financiamiento del sistema previsional nacional y otros gastos operativos; y una suma fija -bastante me­nor- que se reparte entre las provincias. Luego viene la dis­tribución entre la Nación y las provincias: un 42,34% va al Tesoro nacional, un 56,66% a las provincias; un 1% al Fondo de Aportes del Tesoro Nacio­nal (ATN), que maneja discre­cionalmente el Ministerio del Interior.

A su vez, del 56,66% que le corresponde a las provincias, dos puntos porcentuales (p.p.) se destinan a Buenos Aires (1,5701 p.p.), Chubut, Neu­quén y Santa Cruz (0,1433 p.p. para cada una de las tres). 

Luego de estas podas, del 54,66% que constituye la masa de recursos para las provincias. La distribución se hace en base al siguiente es­quema: 

19,93 punto porcentuales para Buenos Aires,

9,28 p.p. para Santa Fe,

9,22 p.p. para Córdoba,

5,18 p.p. para Chaco,

5,07 p.p. para Entre Ríos,

4,94 p.p. para Tucumán,

4,33 p.p. para Mendoza,

4,29 p.p. para Santiago del Estero,

3,98 p.p. para Salta,

3,86 p.p. para Corrientes,

3,78 p.p. para Formosa,

3,51 p.p. para San Juan,

3,43 p.p. para Misiones,

2,95 p.p. para Jujuy,

2,86 p.p. para Catamarca,

2,62 p.p. para Río Negro,

2,37 p.p. para San Luis,

2,15 p.p. para La Rioja,

1,95 p.p. para La Pampa,

1,54 p.p. para Neuquén,

1,38 p.p. para Santa Cruz,

1,38 p.p. para Chubut. 

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) no está incluida en este reparto, y des­de 2003 recibía un 1,4% de la masa coparticipable corres­pondiente a la Nación. Con el traspaso de la Policía Federal a la Caba, en 2016 el entonces presidente Mauricio Macri, elevó esa cuota al 3,75%. Con el Pacto Fiscal de noviembre de 2017 esa cifra bajó al 3,5%. 

En 2020, en plena pande­mia, el presidente Alberto Fernández redujo esa cifra al 2,32%. Lo implementó con un Decreto de Necesidad y Ur­gencia, lo mismo que Macri.

Ahora la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó restituir a la Caba el porcen­taje que le fue quitado, pero no todo, solo una parte, un 0,60%, de tal manera que lle­gue al 2,95%. Es un punto in­termedio, que responde a me­dias la demanda que presentó el Gobierno de la Ciudad y que claramente no resuelve el liti­gio de fondo.

La Coparticipación expone claras arbitrariedades, lo tie­ne que subsanar la política. La Justicia, como de costumbre, pone parches coyunturales que no ofrecen solución y terminan echando nafta al fuego.s