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TRAS LA MARCHA ATRÁS DE ALBERTO FERNÁNDEZ

Coparticipación: el Gobierno porteño rechazó pago de la cautelar con bonos

Para horacio Rodríguez Larreta, el presidente continúa desacatando el fallo con su decisión de transferir títulos de deuda a la CABA. 

El presidente Alberto Fer­nández finalmente comuni­có ayer que acatará el fallo de la Corte Suprema de Justicia e informó que le pagará al Gobierno de la Ciudad lo que le indicó la Justicia a través de bonos. 

Además, reveló que pre­sentará un recurso in extre­mis, que recusará a las auto­ridades del máximo tribunal y que enviará al Congreso un proyecto de ley que pre­vea los recursos que hagan posible cumplir la demanda, a ser tratado en sesiones ex­traordinarias.

"Las decisiones judiciales son obligatorias aún cuan­do las estime disvaliosas e injustas. Respetuoso del Es­tado de Derecho buscaré re­vertir la mala resolución de la Corte y retomar la senda del federalismo observan­do y haciendo observar la Constitución como he jura­do hacer", planteó el man­datario a través de un hilo de Twitter.

Días después de haber calificado el fallo de "impo­sible cumplimiento", plan­teó: "Instruí a la Jefatura de Gabinete para que reasigne los únicos recursos disponi­bles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán bonos TX31 y se los pondrá a disposición del cumplimien­to de la medida cautelar que impugnamos".

"Dicha transferencia com­prenderá, en bonos, el di­nero correspondiente a 90 días de vigencia de la medida cautelar, a la espera del fallo definitivo, o a una ley del Congreso que le asigne a este pago los recursos presupues­tarios pertinentes", aclaró. 

Por su parte, el Gobierno de la Caba rechazó ayer la decisión del presidente Al­berto Fernández de abonar con títulos públicos el fallo Corte Suprema por la copar­ticipación federal y anunció la presentación de un escrito en el máximo tribunal infor­mando el incumplimiento. 

Además, desde la admi­nistración porteña instruye­ron a la Procuración General para el inicio de una deman­da penal para los funciona­rios responsables de no aca­tar la orden judicial. 

"El Poder Ejecutivo si­gue sin cumplir el fallo de la Corte Suprema de Justicia al no acatar lo ordenado por el máximo tribunal en su res­puesta a la medida cautelar presentada por el Gobierno de la Ciudad", sostuvo el co­municado oficial de la admi­nistración de Horacio Rodrí­guez Larreta.

En la misma línea, aclaró que la decisión del Gobier­no nacional no modificó el accionar de la Ciudad, que "presentó hoy un escrito en la Corte informando el incumplimiento del fallo y pidiendo que se arbitren los medios necesarios para que se acate el mismo".

Además, instruyeron a la Procuración General para que inicie una demanda pe­nal a los funcionarios res­ponsables de no acatar el fallo. 

Malestar en el kirchnerismo por la decisión de Alberto de acatar fallo 

La decisión del presidente Alberto Fer­nández de, finalmente, acatar el fallo de la Corte Suprema volvió a encender puertas adentro del Frente de Todos el cuestiona­miento del kirchnerismo.

La primera lectura interna es que la de­cisión oficializada este lunes por el jefe de Estado, es "unilateral". Incluso, cerca del go­bernador bonaerense, Axel Kicillof, desliza­ron que no hubo consulta alguna.

"Con los gobernadores se vino trabajando otra cosa durante estos días; entendemos que la decisión es unilateral", aseguraron desde la organización que conduce Máximo Kirchner, y evaluaron que el bono TX31 -que son bonos del Tesoro en pesos que pagan un 2,5% por sobre el ajuste del índice CER, y que son títulos que nunca fueron licitados y emitidos para pagarle una deuda judicial al gobierno de Omar Perotti- "parece una cobertura para no tener consecuencias le­gales", entendiendo que, efectivamente, de acatar el fallo del máximo tribunal se verán afectadas las transferencias al resto de las provincias. Un dirigente con poder de fuego dentro del kirchnerismo calificó la decisión del presidente como "albertismo puro", re­cordando otras acciones similares donde se hizo un anuncio y luego se dio marcha atrás, entre ellas la estatización de Vicentin en 2020.

El jueves pasado la decisión del máximo tribunal obligó a una reunión de urgencia del presidente con 14 gobernadores. Allí se acordó el no acatamiento a la resolución de la Corte descripto como un "fallo político en contra de las provincias argentinas y de imposible cumplimiento".Con la firma de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Ai­res), Raúl Jalil (Catamarca), Jorge Capitanich (Chaco), Mariano Arcioni (Chubut), Gustavo Bordet (Entre Ríos) y Gildo Insfrán (Formo­sa), entre otros, se acompañó la decisión del Poder Ejecutivo. Los gobernadores marca­ban que es "insólito" creer que "transferirle estos montos millonarios a la Caba no afecta a las provincias argentinas", y que esa eva­luación era completamente falsa. "Esos re­cursos saldrían del presupuesto nacional, que se ejecuta con políticas públicas, en todo el territorio de la Nación", apuntaron en un comunicado.

UCR dio marcha atrás con pedido de juicio político

Luego de que el presi­dente Alberto Fernández reconsiderara su postura sobre el fallo de la Corte Suprema, a propósito de la devolución de fondos coparticipables a la Ciu­dad de Buenos, el bloque de diputados de la UCR anunció que no presen­tará el proyecto de reso­lución con el pedido de juicio político al jefe de Estado. El viernes pasa­do, la bancada que lidera el cordobés Mario Negri había anunciado que en­tre este lunes o martes presentaría el proyecto de resolución en la Cá­mara baja.

No obstante, el radica­lismo dio marcha atrás con esa decisión "dado que el Presidente anun­ció que pagará parte de la sentencia con bonos a la Caba y cumplirá así parcialmente con el fa­llo de la Corte Suprema", informaron fuentes de la bancada de la UCR.

Quien sí presentó un pedido de juicio político es el diputado de Avanza Libertad, José Luis Es­pert, alegando "desaca­to y desobediencia". El economista liberal ingre­só el proyecto antes de que Alberto Fernández anunciara que saldaría la deuda con la Ciudad de Buenos Aires a través de bonos. En ese sentido, in­dicó: "Dichos desconoci­mientos en los hechos se traducen en la asunción arrogante de facto el po­der total sobre los desti­nos del país, debido a que no reconocen a los demás estamentos de poder di­señados por la Constitu­ción para limitar el poder de las mayorías momen­táneas lo cual constituye un claro ataque al siste­ma representativo, repu­blicano y federal".

Además, aseguró: "El presidente merece la destitución por lo que ya hicieron en la pan­demia, y por lo que es­tán haciendo ahora al sistema democrático. El desconocimiento de este fallo configura un delito contra la Constitución, en el artículo 36, arro­garse la suma del poder público. Al presidente se lo puede catalogar como un delincuente contra la Constitución".

Valdés: "El presidente no tenía opción de desobedecer a la Corte"

Finalmente, el presidente Alberto Fer­nández decidió acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia, sobre la devolución de los puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires, generando reacciones en la oposición. 

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, quien no había rubricado la carta en contra de la Corte, manifestó que el fallo debe ser cumplido. "El Presidente no tenía opción de desobedecer a la Corte, eso impli­caba un grave reconocimiento del estado de derecho", dijo ayer en diálogo con Reynaldo Sietecase.

"¡Ganamos! El Gobierno no pudo romper el Estado de derecho de la Argentina. Sus­pendemos la denuncia por sedición mien­tras se mantengan dentro del Estado cons­titucional", anunció la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, en referencia a la acusación que había realizado contra el jefe de Estado y 18 gobernadores que habían cuestionado el fallo. 

El ministro del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri, también utilizó su cuenta de Twitter para opinar sobre la decisión del mandatario nacional. "Las sen­tencias no se discuten, se cumplen y la Corte ordenó restituir los fondos. Pero como siem­pre, el Presidente hace todo a medias. Pagar con un bono a 90 días es seguir perjudicando a la gente. Gobiernen con seriedad", cuestio­nó. 

La diputada de Cambiemos y ex goberna­dora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, también criticó la forma de pago anunciada por Alberto Fernández. "Pague como ordenó la Corte Suprema, no con bonos. Deje de ha­cer trampa. Eso es justicia", criticó. 

La diputada nacional Graciela Ocaña, por su parte, calificó como un "nuevo papelón" el retroceso en la postura presidencial. "Nos alegramos de que el Presidente haya decidi­do no levantarse contra unos de los 3 pode­res del Estado. Finalmente acatará el fallo de La Corte. Eso sí, después de tanta amenaza y fulbito para la tribuna, este es un nuevo pa­pelón del Presidente, y van...", posteó en las redes sociales.

El presidente de la Coalición Cívica y dipu­tado nacional, Maximiliano Ferraro, expresó: "Señor Presidente, solo tiene un camino: de­jar los artilugios jurídicos, el verso y las zan­cadillas, cumplir el fallo de la Corte Suprema y pagar a la Ciudad de Buenos Aires".

"Parece que alguien reflexionó en Navi­dad. De todas formas: ver para creer", posteó el diputado y presidente de uno de los blo­ques del radicalismo en la Cámara baja, Ma­rio Negri