Y el año 2023 recién comienza

La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial en la Argentina no aflojó ni el último día de 2022, ni el primero del nuevo año. De hecho, el anuncio del presidente Alberto Fernández de avanzar con el juicio político al presidente de la Corte Suprema no hizo más que tensar la situación y caldear aún más el clima político/electoral.
"Estamos viviendo un momento de gravedad institucional enorme", dijo ayer la diputada oficialista Carolina Gaillard, que responde al gobernador entrerriano Gustavo Bordet, y que preside la Comisión de Juicio Político de la Cámara de Diputados de la Nación, cuerpo legislativo que recibirá en los próximos días, seguramente, la denuncia para que se investigue a la cabeza del Poder, Horacio Rosatti.
El conflicto de fondo fue el fallo en el que la Corte Suprema de Justicia dispuso que el Gobierno nacional le pague a la Ciudad de Buenos Aires el 2.95% del total de los impuestos coparticipables, dando lugar al reclamo que había iniciado la administración que conduce Horacio Rodríguez Larreta. 
Pero la relación entre el Gobierno con la Justicia fue empeorando durante todo el año

pasado. Las críticas del Poder Ejecutivo hacia el Judicial, no se agotan con el tema de la Coparticipación. Aportan lo suyo los polémicos chats del viaje al sur del país, del que participaron funcionarios de la Caba junto a magistrados del fuero federal, y los intentos por ocultarlos, con los cuales dejaron expuesta la connivencia de la Justicia con el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Suman la intromisión del Poder Judicial en el Poder Legislativo en el nombramiento de consejeros en la Magistratura, y la puesta en vigencia de la vieja ley del Consejo de la Magistratura derogada hace 16 años, con la que se repuso a Rosatti como presidente de ese cuerpo. Entre todo ello, el Gobierno tiene presente, aunque no lo mencione, la polémica relación de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner con la Justicia, la investigación judicial por el intento de asesinato y la condena recibida por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, en la causa "Vialidad".
Los analistas políticos señalaban ayer que es muy seguro que el presidente Alberto Fernández sepa que es imposible que en la Cámara de Diputados de la Nación apruebe el pedido de juicio político al presidente de la Corte Suprema. El oficialismo no cuenta con la mayoría en el recinto para votarlo. Tal vez su objetivo sea más módico, pero no menos dañino: y que apunte a someter a Horacio Rosatti y al máximo tribunal a un ciclo de desgaste permanente con testimonios y citaciones a la Cámara baja, para que se ventilen sus manejos en la Corte.
Inclusive, el oficialismo no descarta que, además del pedido de enjuiciamiento a Rosatti, se traten en simultáneo los pedidos de juicio político a otros miembros de la Corte. "La Coalición Cívica presentó un pedido de enjuiciamiento contra Ricardo Lorenzetti, muy bien fundado", acicatean. En el cajón también está pendiente una solicitud similar contra el juez Carlos Rosenkrantz, presentado por la oficialista Vanesa Siley.
En JxC ya dijeron que no se quedarán de brazos cruzados, y advirtieron, para recalentar el clima en este año electoral: "Si avanzan con el enjuiciamiento a la Corte nosotros vamos a insistir con el pedido de juicio político a Fernández". También será inútil, porque no cuentan con la mayoría para hacerlo. De un lado y del otro de la grieta, entre oficialismo y oposición, se denuncia el avance de uno de los poderes del Estado sobre el otro, lo que sin duda sumará tensión al debate político en un enero ya de por sí políticamente caliente, en un año electoral que recién arranca y que ya está caldeado por demás.