La dependencia que explica al país

El pedido de juicio político que el Gobierno nacional impulsa contra los cuatro miembros

titulares de la Corte Suprema de Justicia de la Nación ya está en curso en el ámbito parlamentario, corresponde que sea tratado por la Cámara de Diputados y si consigue la aprobación pasaría al Senado para el desarrollo del proceso de juicio concretamente. Según adelantó ayer la vocera de la Presidencia, el Poder Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias en el Congreso a partir de la segunda semana de enero. Mientras tanto la expectativa sobre el número de voluntades legislativas dispuestas a votar contra los "supremos" comienza a desplazar en el debate al concepto de fondo ¿es pertinente, y sobre todo procedente, que el Ejecutivo intente expulsar a los jueces de la Corte? 
El proyecto, adornado con abundante declaraciones a favor y en contra, críticas, amenazas y repudios de todos los calibres, expone el quiebre institucional en la Argentina. Es la señal de que el sistema republicano ha quedado sumergido en un pantano de sinrazón. La confrontación hizo abdicar al Gobierno de las ideas y el mandato constitucional. Es la grieta en su máxima expresión; presagio de lo que viene con las urnas y más allá. 
Corresponde advertir que esta no es una guerra santa. Sencilla y contundente razón: no hay santos en el figurado campo de batalla, solamente impíos. Sujetos que ambicionan el poder. Nada más. 
En los próximos días, cuando se abra el Congreso, la mirada estará puesta en el número a favor y en contra. ¿Tendrá el Frente de Todos la cantidad de votos necesarios en la Cámara baja para avanzar con el juicio? Ellos confían que sí; la oposición sostiene lo contrario.
Este "poroteo" de voluntades ya dejó en un segundo plano lo importante: ¿Quien tiene potestad para asignar los recursos federales, que son de todos los argentinos, el Presidente, los jueces, las provincias? La Constitución Nacional es bastante precisa al respecto, si la leyeran sin tanto fanatismo se evitarían muchos males al país. 
La política, mejor dicho los políticos se han convertido en una máquina perfecta de generar conflictos. La democracia cruje con el nivel de esta dirigencia. Se nota en la calidad de gestión tanto a nivel nacional como en las provincias, los indicadores económicos y sociales eximen de mayor argumentación. Endeudamiento catastrófico, inflación, recesión; desempleo, pobreza, indigencia, abandono escolar, son el resultado de casi cuatro décadas de sucesión democrática. La política, los políticos, se tienen que hacer cargo de su obra. 
Un detalle que no es menor y que abona esta línea de reflexión: seis de las diez provincias que acompañan al Gobierno en el juicio contra la Corte son altamente dependiente de los recursos federales y no pueden hacer frente por sí sola el funcionamiento de sus jurisdicciones. El informe lo difundió el portal Infobae y muestra que la mayoría de las provincias no solo las que acompañan el juicio político, viven del derrame de fondos del Estado nacional. 
Entre esas provincias está Corrientes, que si bien tiene una fuerte dependencia de la coparticipación, no apoya el juicio contra la Corte Suprema. El 85% de los recursos contemplados en el Presupuesto provincial está atado a los recursos federales. Lo mismo le sucede a Chaco que está en idéntico nivel. Otras provincias son todavía más dependiente: Formosa, el 93%; La Rioja 90% y Catamarca 89%. 
Está claro que hay una correlación entre la dependencia financiera y el apoyo al juicio político. Es que la Argentina se ha transformado en un conjunto de distritos que lo único que hacen es distribuir lo que llega de arriba, entre ellos planes sociales. Ya no dependen del trabajo que se genere sino de cuánto logre conseguir de la torta nacional.