Un debate postergado
Por la naturaleza política del proceso, la embestida del Gobierno Nacional contra los
ministros titulares de la Corte Suprema de Justicia tiende a licuar un aspecto central de la discusión sobre el reparto de los recursos federales y que tiene que ver con: 1) con la división en grandes porciones de la torta; 2) con el coeficiente de distribución que se aplica, un punto que es motivo histórico de quejas entre las provincias, pero que nunca se aborda. Esta sería una buena oportunidad, pero no será el caso. No se avanzará sobre el debate que realmente importa, más allá de la importancia que tiene determinar las facultades que le asisten al Poder Ejecutivo el decidir sobre la cantidad de dinero que le asigna a una jurisdicción por fuera de la Coparticipación.
Lo que sí está claro -o debería- es que el Poder Judicial, concretamente la Corte, no tiene potestad para fijar el porcentaje que recibe una jurisdicción. Ya fue dicho, y conviene repetirlo, los ‘Supremos’ establecieron un porcentaje distinto al conocido. Solamente ellos conocen las razones.
Por esta razón, pero además porque hay una grieta en medio, el juicio político, si finalmente se sustancia en el Congreso, transitará por cualquier sendero menos el que pueda resultar constructivo. El verdadero debate sobre distribución de recursos federales y puntualmente coparticipación, quedará para otra oportunidad. Tal vez nunca llegue.
Por lo pronto, en medio de la disputa se conocieron datos sobre el reparto de fondos durante el año que acaba de concluir. El dinero girado a esa segunda jurisdicción fue el de mayor aumento interanual entre las 24 que integran el país -8% frente a un promedio de 6,3%-, aunque a la vez la Ciudad percibió menos recursos al ser analizada la distribución por habitante.
Con un aumento interanual promedio del 6,3%, las transferencias totales de recursos nacionales a las provincias y Caba mostraron alzas en todos los casos, pero el distrito porteño se despegó del resto con una suba del 8%. Pero, al mismo tiempo, con una distribución per cápita para todas las jurisdicciones que fue de $ 141.175,9, la ciudad autónoma se ubicó en la última posición con $ 45.901,6, nueve veces menos que Tierra del Fuego.
Más allá de la utilización que pueda hacerse de dos variaciones tan opuestas, tanto una como la otra tienen una explicación: La ciudad de Buenos Aires no participa de la distribución de fondos de las leyes especiales, salvo un caso particular como el de los impuestos a los Combustibles destinados al Fonavi. En consecuencia, la baja interanual de esos recursos no le genera ningún impacto y se mueve de manera lineal con el desempeño de la coparticipación que, como tuvo un incremento real, le genera subas más altas que el resto de las provincias.
Un dato que es determinante, y que no debe confundirse como quieren algunos dirigentes del oficialismo nacional, es que el dinero que recibe la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sale de la porción de la torta que le corresponde al Gobierno nacional, no afecta la coparticipación de las provincias.
Lo de las provincias no se toca. No obstante el porcentaje asignado a la Caba sirve como comparación para algunos distritos que naturalmente tienen recelo por el trato que se le dispensa a la Capital del país. Por eso el tema es de resolución compleja y reclama un abordaje integral.
Sucede que además de la disputa en particular con Caba, hay una diferencia histórica en el reparto de recursos entre las provincias de mayor y de menor desarrollo relativo, derivada del cruce de dos criterios: el distributivo (que prioriza las necesidades de cada distrito) y el devolutivo (que pone en primer término el aporte a la economía global de cada uno), a los que debe añadirse las brechas en cuanto a densidad de población.