Las instituciones bloqueadas

En una semana, a partir del próximo lunes -23 de enero- la Cámara de Diputados de la Nación

retomará la actividad con el tratamiento de una veintena de temas, incluidos por el Poder Ejecutivo en la agenda de sesiones extraordinarias, que tiene como puntos sobresalientes el pedido de juicio político a los cuatro miembros titulares de la Corte Suprema de Justicia, además del proyecto que propone la ampliación de ese tribunal, dos iniciativas de especial sensibilidad a los intereses del kirchnerismo, sobre todo para la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cerró el año 2022 con una condena por actos de corrupción. La señora tiene un puñado de causas abiertas, lo que supone más problemas judiciales en el camino. Esto, más la batalla con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por la distribución de los recursos federales, explican el deseo del gobierno de los Fernández de poner en movimiento el Congreso.
La tarea no será sencilla para el oficialismo, que tiene mayoría en algunas comisiones, por ejemplo la de Juicio Político, pero carece de voluntades suficientes para imponer criterio en el plenario del cuerpo, en el recinto. El jaleo político será intenso y dará que hablar. En pocas palabras el chisporroteo subirá de voltaje apenas se abran las puertas del palacio legislativo.
Ahora bien, ¿algo de todo esto tiene que ver con las necesidades de la gente? Nada, ni una pizca. Es tema de interés de la política, no de la ciudadanía.
A tal extremo llega el divorcio de la agenda del poder con el de la calle, que es muy probable que las cámaras del Congreso no consigan iniciar siquiera las sesiones, por falta de quórum. La oposición, Juntos por el Cambio (JxC), ya anunció que bloqueará todo intento de reunión mientras el oficialismo, es decir el Frente de Todos, insista con el juicio a la Corte.
Desde el sector parlamentario que responde al Gobierno, tanto de Alberto Fernández como de Cristina Fernández, sostienen que "la intención de JxC es paralizar el Congreso, sea con ese o con otro argumento", y recuerdan que "en diciembre hicieron fracasar dos sesiones que incluían temas como la creación de universidades y la moratoria previsional".
Si bien durante las últimas semanas -previo a la presentación del pedido de juicio a los ministros de la Corte- se habían comenzado a producir algunos diálogos informales entre referentes del oficialismo y JxC, aunque sin acuerdos a la vista. Según fuentes parlamentarias, se había avanzado con algunos pedidos de disculpas recíprocos en relación a lo sucedido en la bochornosa sesión del 1 de diciembre, que terminó entre gritos, insultos y hasta algún gesto obsceno entre los propios diputados. De esa sesión surgieron pedidos de expulsiones cruzados, que involucraron a media docena de diputados de ambos sectores, y que días después sumaron una presentación similar realizada por el FdT sobre Gerardo Milman (PRO), por sus supuestos vínculos con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Fernández, y por las contrataciones irregulares de numerosas asesoras en el Ministerio de Seguridad, cuando se desempeñaba en esa estructura.
Ambos espacios evidencian posturas irreconciliables, miradas profundamente diferentes sobre asuntos que son medulares para la vida institucional de la Argentina. Y lo peor es que cada vez hay más temas que son motivo de controversia. Difícilmente se pueda lograr algún avance en este escenario.
Sería una sorpresa que el Congreso, que es el símbolo del Poder Legislativo, pueda ordenar su funcionamiento y producir leyes. Algo similar sucede con el Poder Judicial, el Consejo de la Magistratura -ampliado a 20 miembros- no ha tenido ninguna reunión, está paralizado. Y el Poder Ejecutivo está fracturado, el Presidente y su vice no se hablan, él tiene una agenda menor, casi de intendente, y ella está preocupada únicamente por su destino judicial.