Los modelos del fracaso

El valor de la canasta básica de alimentos, que establece la línea de la indigencia, perforó los

tres dígitos durante los doce meses de 2022 y se ubicó nueve puntos por arriba de la inflación general del país. El conjunto de productos que conforman la "Mesa de los Argentinos" como les gusta decir a los funcionarios del gobierno de los Fernández, acumuló un aumento de 103,8% el año pasado, mientras que la inflación anualizada dio 94,8%. A su vez la denominada canasta básica total, que incluye otros artículos y servicios para el hogar y que estable la línea de la pobreza, acumuló un incremento de 100,3%. Es decir nueve y seis puntos porcentuales respectivamente respecto de la inflación. Esto explica claramente por qué el proceso inflacionario en lo esencial impacta más fuerte en aquellos que menos tienen.
La población vulnerable es la que sufre como castigo los desastres de la política económica. La inflación comenzó durante el mandato de Cristina Fernández de Kirchner hasta consolidarse en el rango del 30% anual, se duplicó con Mauricio Macri hasta llegar al 60% anualizado y luego dio un salto hasta casi los tres dígitos con Alberto Fernández. Hace por lo menos tres lustros, desde el año 2011, que los más pobres vienen aprisionados por la inflación.
El escenario se ha vuelto todavía más complejo, porque la retracción de la actividad económica, alternada por la pérdida de calidad y cantidad en la producción, hizo además que un amplio sector de la sociedad cayera de status, ahora hay más familias hundidas en la pobreza, cuando no en la indigencia. 
Esto significa que la inflación azota a un mayor número de pobladores en la Argentina. Los datos que difundió ayer el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec) sobre la evolución de la canasta alimentaria y la canasta básica total, evidencia el drama que enfrentan millones de familias.
El gobierno del Frente de Todos supone que la evolución constante de los precios de productos esenciales, como los alimentos, se resuelven con acuerdos de parte (obligatorios o voluntarios) y programa de control. De lo primero ya hubo intentos de todo tipo, precios cuidados, precios controlados, precios justos, planes con todos los nombres posibles y todas las áreas. Cristina Kirchner llegó a poner en marcha "Milanesas para todos/as".
Respecto a los controles de precios, los inquilinos de la Casa Rosada, han comenzado a ensayar ideas ciertamente peligrosas. Pusieron al sindicato de Camioneros, que está bajo el gobierno de la familia Moyano, a ejecutar operativos.
Es una vuelta de tuerca, que acerca a la gestión kirchnerista al modelo chavista. Resulta urticante la comparación, pero es inevitable por el parecido: Venezuela. Allí pusieron al Ejército a vigilar los precios. 
Los camioneros no tienen facultades para la tarea de control, y peor aún, no tienen preparación. Se supone que los muchachos, incluso los más formados, están entrenados para manejar camiones, lo suyo no es inspeccionar góndolas y revisar paquetes de productos alimenticios. Hay una complejidad que salta a la vista, pero el profesor Fernández y sus funcionarios no parecen advertirlo.
Elisa Carrió lo definió como un proyecto "parapolicial" para dominar los supermercados. Rápido llevó la queja a tribunales en forma de denuncia penal al mismísimo Presidente. A la par, empresarios y defensores de consumidores sumaron sus objeciones.
"Controlar correctamente una lista de 2.000 productos del programa Precios Justos, demanda al menos una semana, trabajando ocho horas por día. Está claro que los camioneros no están capacitados para hacerlo", advirtió Ricardo Espinosa de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina.
Así y todo el proyecto sigue adelante, en una mimetización con modelos fracasados.