Las deudas, externa e interna

Bajar la inflación sigue siendo la principal tarea del Gobierno, aunque con resultados poco

satisfactorios. Marzo llega con nuevos aumentos que golpearán el bolsillo de los consumidores y le pondrán presión a la inflación, en medio de la meta que fijó el ministro de Economía, Sergio Massa, de lograr que el índice comience con un "3" en marzo, y cierre 2023 en torno al 60%. El mayor impacto lo tendrá la actualización de las tarifas de transporte, pero también habrá incrementos en combustibles, prepagas y alquileres, entre otros.
Según lo anunciado por el Ministerio de Transporte, oportunamente, las tarifas comenzarán, a partir de marzo, a actualizarse de acuerdo al último índice de inflación disponible. De esta manera, durante el próximo mes aumentarán un 6%.
Según el esquema de aumento de los precios de la nafta y el gasoil, acordado a través del programa Precios Justos, los combustibles aumentarán por tercera vez en el año, un 3,8% en promedio.
En tanto, adelantó la secretaria de Energía, Flavia Royón, que durante 2023 habrá una única actualización en el costo del insumo del 28,3% para aquellos usuarios que perciban ingresos altos y medios. Sin embargo, a este porcentaje luego se le agregarán las subas correspondientes a los servicios de transporte y distribución, que también impactan en el precio final de la factura. 
Se trata de las "adecuaciones tarifarias transitorias" que solicitaron las empresas transportadoras (TGN y TGS) y distribuidoras (Naturgy, Metrogás y Camuzzi, entre otras prestadoras), para ajustar los costos del servicio. Aún está pendiente el anuncio oficial del porcentaje exacto de estos incrementos.
Por el contrario, el aumento del insumo en sí mismo no alcanzaría a un universo de 3,5 millones de usuarios de bajos ingresos, que quedaron encuadrados en el nivel 2 de la segmentación tarifaria vigente desde septiembre pasado, pero sí sufrirán el incremento de los otros componentes de la factura.
Este esquema fue dispuesto mediante la resolución 6/2023 y entrará en vigencia a partir de marzo de este año.
El panorama es complicado, con dificultades por todos los flancos, en una batalla en la que el Gobierno no apunta a los verdaderos inconvenientes, con sobrestimaciones públicas respecto a lo (poco o nada) que se hace.
Así, por caso, cada tanto recurre a los organismos internacionales para conseguir mejoras en el tratamiento de los programas, en medio de las readecuaciones constantes que se piden en el marco de las fallas en la puesta en marcha de las medidas tomadas desde Economía.
En un eterno vaivén de medidas y contramedidas, se busca llegar al final del mandato con cierta tranquilidad, siempre en el contexto del denominado "plan aguantar" impuesto desde la asunción de Sergio Massa en el palacio de Hacienda.
Queda en evidencia, entonces, que todo lo que se haga en un contexto de apremio político y electoral, no tendrá su efecto, mas bien de hacer un poco más lenta la caída del poder adquisitivo de los asalariados, y advirtiendo un horizonte complicado en el mediano plazo.
Por ahora, y está demostrado en esta crisis, el ciudadano parece haber entendido que la salida está en las urnas, en la elección de las autoridades que puedan proponer medidas racionales, justas y adecuadas para un país con 40 años de democracia, y una paradójica deuda con la sociedad en todo este tiempo.