Rosario: ¿estamos ganando?

Dos contingentes de efectivos de la Gendarmería Nacional y de la Policía Federal llegaron a

la ciudad de Rosario (Santa Fe) para reforzar el trabajo que esas dos Fuerzas de Seguridad ya vienen desarrollando para tratar de prevenir y combatir la narcocriminalidad. Hasta el momento el plan no tuvo éxito y no es culpa de ellos, precisamente. El aterrizaje de más personal -unos 300 gendarmes y 125 policías federales - se sintió en las calles pues comenzaron de inmediato a patrullar las zonas más calientes, donde en los últimos días se registraron balaceras mortales, incluso una pueblada contra varios búnkers que oficiaban de ventanillas de comercialización de droga al menudeo. Este despliegue coincidió con la visita del ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, el funcionario que hace una semana dio por perdida la batalla contra la mafia del narcotráfico.
¿Habrá cambiado de opinión Aníbal, o fue porque no tenía más remedio? Ayer cambió el discurso, dijo que de ser necesario llegarán "hasta el hueso" con los operativos para desarticular el negocio de las drogas. Sería bueno saber en qué etapa se encuentra el procedimiento porque el hueso no se ve. 
Como sea, este es el octavo desembarco de las fuerzas federales desde 2014. El resultado está a la vista. 
Los uniformados llegaron junto con camiones blindados y desde primera hora de la mañana comenzaron con el patrullaje por los barrios, donde los vecinos salieron a brindarles apoyo, algunos incluso los aplaudieron. Se especula que en las próximas horas podrían sumarse más gendarmes, de los efectivos del Ejército Argentino -del cuerpo de Ingenieros- no se sabe nada.
Este despliegue en busca de brindar seguridad a la ciudad de Rosario, y sus alrededores, forma parte del conjunto de medidas que anunció el gobierno de Alberto Fernández para aplacar la convulsión social tras la seguidilla de crímenes. Desde que comenzó el año 2023, en promedio hubo un homicidio por día. La mayoría de ellos están vinculados al negocio narco.
En coincidencia con la visita del ministro Aníbal Fernández (que hoy tiene cita en la Cámara de Diputados de la Nación) y el refuerzo de la vigilancia en las calles, se ventiló un informe elaborado por la Justicia que denuncia la connivencia del Servicio Penitenciario Federal con los capos narco que cumplen condenas en distintas unidades penales. A raíz de eso, la Procuración General de la Nación le pidió al Gobierno Nacional que "de manera urgente" tome medidas para evitar que desde las cárceles federales los jefes de la mafia sigan manejando el negocio de la droga y ordenen crímenes, secuestros y amenazas, como se detectó en investigaciones judiciales. 
El reclamo se apoya en un paquete de propuestas que ya había sido remitido al Poder Ejecutivo en octubre de 2021, solicitando la instalación de inhibidores de celulares, más requisas en los pabellones y menos beneficios, como las salidas transitorias a los capos de los carteles de Rosario.
En octubre de 2021, la Procunar (Procuraduría de Narcocriminalidad a cargo de Diego Iglesias) elaboró un informe que dio cuenta de 19 casos de jefes narco que desde las cárceles continuaban manejando el negocio de la droga y cometían otros delitos. Esta semana se hicieron allanamientos en las cárceles de Ezeiza, Marcos Paz y Trelew a las celdas de los jefes de las organización de Rosario "Los Monos" y se encontraron dos celulares. Y en Trelew se halló en una celda un hueco en la pared por donde los internos se pasan los celulares.
Los hechos evidencian que hay complicidad de agentes penitenciarios con el crimen organizado.