Monte Caseros: vecinos pidieron más recursos para la Policía y cambiar de fiscal

Las repercusiones sobre la "ola creciente de inseguridad" -como la calificó el propio

Gobierno- en el departamento de Monte Caseros continúan con la presencia y permanencia del ministro de Seguridad y el jefe de la Policía de Corrientes, quienes en un gesto de compromiso con sus funciones visitaron las distintas dependencias de la fuerza de seguridad en las localidades que integran la jurisdicción departamental y brindaron una conferencia de prensa, en la que respondieron las preguntas de pobladores que se vienen manifestando desde hace dos semanas. En ese contexto se produjeron importantes operativos policiales con allanamientos y movilización de los nuevos vehículos proporcionados por el Poder Ejecutivo y bajo la supervisión del fiscal de la circunscripción, quien fue cuestionado y criticado por los organizadores de las protestas por no haber salido a la vereda de la sede judicial a hablar "con el pueblo" alegando que esa "no era su función". 
El lugar de la reunión realizada el viernes a la noche fue la Casa del Bicentenario de la cabecera departamental, cuya capacidad fue copada por vecinos de toda la zona, quienes pidieron más seguridad y formularon reclamos a las autoridades municipales, provinciales y policiales. "Estamos trasladando 100 agentes", afirmó en declaraciones periodísticas posteriores el ministro Buenaventura Duarte, quien por orden del gobernador Gustavo Valdés se puso al frente de la misión de llevar alivio y confianza sobre todo a los productores rurales. "Vamos a ir despacito solucionando los problemas", agregó el ex fiscal de Instrucción 1 de la Capital una vez concluido el cónclave. 
Quien se encontró presente en el acto en primera fila, pero no habló, fue el titular del Ministerio Público, Ricardo López Ruiz, quien fue fuertemente cuestionado por algunos de los vecinos que tomaron la palabra y lo señalaron como responsable de dejar en libertad a los delincuentes y de haber sido "puesto a dedo" por la Fiscalía General con sede en la ciudad de Corrientes luego de la muerte del procurador anterior, doctor Fabián Soto, quien perdió la vida en 2021 al enfermarse de coronavirus. "No puedo opinar, las decisiones del fiscal deben ser respetadas y en caso de ser cuestionadas tienen que ser formuladas al organismo que corresponde", respondió Duarte. 
Antes de finalizar el encuentro, los organizadores de parte de la sociedad civil entregaron un petitorio de 30 puntos desagregados para cada parte interviniente: la política, la policial y la judicial. Entre los puntos sobresalientes figuran la incorporación de drones (promesa incumplida del ministro de Seguridad anterior), la creación de nuevos puestos policiales y la mejora edilicia de los ya existentes, sobre todos en parajes alejados de la zona urbana, y la puesta en funcionamiento de una fiscalía en Mocoretá y otra especializada en delitos rurales. 
"Somos gente de trabajo que estamos mostrando qué cosas hicieron mal y qué cosas se olvidaron de hacer, simplemente eso, que se pongan a trabajar. La Policía en lo que le corresponde y que saquen a los que están haciendo mal su trabajo y afectando a la fuerza; y que los políticos, los intendentes con llegada al Gobernador, hagan las gestiones que corresponden", sintetizó uno de los referentes del movimiento, el empresario local Domingo Pereyra. Y concluyó: "Si todos se ponen a trabajar esto se va a solucionar". 
Otra de las personalidades relevantes de la organización vecinal, el productor Fabio Lovatto, quien fue víctima de un asalto, al tomar la palabra pidió invocando la "potestad del pueblo de Monte Caseros", que el fiscal López Ruiz dé "un paso al costado". "Que el Gobernador tome cartas en el asunto y pida a la Fiscalía General que lo saquen porque no queremos seguir trabajando con esta persona: nos defraudó, no creemos más en él". Mientras profería esas palabras, el fiscal a pocos metros lo escuchaba en silencio y sereno mientras crecía la ovación del auditorio y los aplausos. Sin embargo hasta el momento no se ha informado de ninguna modificación en el organigrama del Ministerio Público. 
 Según el empresario Pereyra, el descontento con el fiscal radica en su ineficacia para resolver las causas judiciales y teniendo en cuenta que en Monte Caseros desde 2020 rige el Código Procesal Penal creado durante la gestión Valdés, donde la Fiscalía tiene a su cargo la investigación de los hechos delictivos mientras que los jueces tiene sólo por función garantizar el debido proceso. "El 50 % de la responsabilidad es de la Policía y el otro 50 % es del fiscal y acá tenemos más de 30 casos de inseguridad que han terminado en nada", recalcó el empresario, quien entregó en manos el petitorio al doctor López Ruiz. 
Luego de la importante reunión, ya en el día de ayer el fiscal encabezó una serie de procedimientos en Monte Caseros, donde se desplegó todo el equipamiento disponible, los resultados fueron bastante magros y no hubo arrestos.