"Ella trata de condicionar al tribunal"

Luego de las fuertes declaraciones de la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado,

quien reveló en televisión nacional sus sospechas sobre el ex magistrado del mismo fuero, Carlos Vicente Soto Dávila, y dejó entrever que brindaba protección a narcotraficantes (justamente por estas fechas el ex titular del juzgado con competencia electoral está siendo juzgado por ese delito), la respuesta no se hizo esperar y vino de la voz del hijo de Soto Dávila, quien es uno de sus defensores en el proceso que se llevaba a cabo en Tribunal Oral Federal de Corrientes. 
"Estamos en una instancia en este juicio oral donde lo que queda acreditado es la ausencia de pruebas directas en su contra", dijo ayer Juan Francisco Soto Dávila. "No existe ninguna prueba que lo pueda incriminar, entonces las personas que son más cercanas a la Procuraduría de Narcocriminalidad, conocida como Procunar; como Arroyo Salgado que se sabe que es muy cercana a esta, salen a tratar de condicionar al tribunal, porque se ve que todo esto fue un escándalo, el judicializar a un juez por su actividad jurisdiccional", disparó el abogado (quien además es un asumido militante kirchnerista, tal como se muestra en su cuenta de Facebook). 
"En Corrientes sí se incautaba mucha marihuana, y muchos estupefacientes, era el juzgado que mejor trabajaba en el norte argentino. Por su actividad jurisdiccional son judicializados y llevamos a juicio oral, por la propia actividad desde el Estado. Esto es tremendamente grave", remarcó en una entrevista radial y agregó, "lo grave de la situación es que la jueza federal de San Isidro, Arroyo Salgado, no busca justicia, lo que está tratando es de condicionar al tribunal integrado por jueces subrogantes". 
De acuerdo a Soto Dávila hijo, es "la manera de mantener este relato absurdo contra el supuesto jefe de una asociación ilícita. "El culpable de no combatir contra el narcotráfico tiene nombre y apellido, se llama Diego Iglesias, y es de Procuraduría de Narcocriminalidad", subrayó y se sumó así a los planteos realizados semanas atrás por Aníbal Ibarra, el defensor de Federico Grau, uno de los secretarios del juzgado federal que está siendo juzgado con su otrora titular. 
 "Es una tarea muy sucia la que sale a hacer Arroyo Salgado, es muy grave que una jueza que tiene que combatir el narcotráfico no denuncie los acuerdos espurios que hace el Procunar, y salga a prestarse por conveniencias personales, porque los gobiernos pasan y los funcionarios quedan, y es una carrera personal que les lleva décadas, entonces no les importan los compromisos que puedan asumir otros".
 El defensor de Soto Dávila también se refirió a la situación de Federico "Morenita" Marín, el contrabandista de marihuana paraguaya de Itatí que declaró en contra del juez jubilado durante el macrismo y que luego de las acusaciones de Ibarra se fugó (por enésima vez) sin que a la fecha se sepa dónde está. "Por una orden de Soto Dávila se capturó a Morenita Marín, uno de los narcos más peligrosos de la Argentina, y la Procuraduría de Narcocriminalidad, a quien defiende Arroyo Salgado, el doctor Iglesias, que está en Buenos Aires, fue el que le dio prisión domiciliaria. Al fiscal al que le pagamos el sueldo para que trabaje acusando, benefició, primero a la mujer de Marín, después a él y ahora se fugó".