Una intervención con secuelas

Una reacción contundente, la del ministro de Economía, Sergio Massa, que ayer en medio de

una crisis irresuelta resolvió la intervención administrativa de una de las principales empresas de energía que da la luz a parte del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba).
El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció anoche la intervención de la empresa Edesur por 180 días y designó para esa función al intendente de Avellaneda y ex ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, Jorge Ferraresi.
 Massa instruyó al Enre para la fiscalización del cumplimiento de las obras y mejoras en el servicio que debe tener la empresa. 
"Situaciones como las que nos tocó vivir a miles de argentinos en los últimos 15 días no se pueden tolerar más", indicó el titular del Palacio de Hacienda en conferencia de prensa, y que replicó la agencia Noticias Argentinas.
 Asimismo, indicó: "Además, la semana pasada se hizo una denuncia penal por abandono de persona y administración fraudulenta y se dictó la prohibición de salida del país de los directivos que llevan adelante la compañía".
 Massa explicó que "esta intervención tendrá la tarea de fiscalizar, controlar y monitorear la ejecución por las obras del servicio". 
 También se ejecutarán 2.700 millones de pesos de sentencia de las multas que el Estado aplicó a la empresa y tiene como objeto esencial la devolución a los usuarios por el servicio no prestado.
El informe oficial indica los pasos a seguir en el contexto de la situación por la que pasan los habitantes de ese lugar del país, el de mayores ingresos per cápita y con la atención permanente de los medios centrales.
Queda claro que se busca ante todo morigerar los efectos de las críticas, más allá de que al Gobierno parece ya casi no importarle esta cuestión, teniendo en cuenta que pasaron muchos días del inicio de la situación.
Sin embargo, y en el marco de las controversias políticas que hoy imperan en el seno de la administración comandada por Alberto Fernández, Massa (una figura que vino a corregir el rumbo y bajar la inflación) todavía tiene aspiraciones políticas, aunque queda claro que en este contexto se hace difícil empujar figuras de un gobierno que se cae por su propio peso e impericia en cuestiones medulares.
La permanente prédica de medidas relacionadas con otro tiempo, y que fueron efectivas en un contexto de mayores ingresos, queda en desuso, y el comportamiento del kirchnerismo residual, encarnado por Alberto Fernández, se parece más a un elefante en un bazar en cada una de las acciones que emprende. 
En esta oportunidad el Gobierno busca, ante todo, sentar el último mojón de iniciativa al tiempo de mandar una de las últimas señales a las empresas de servicios públicos privadas sobre la posibilidad del control ante un posible mal comportamiento.
Pero todo esto escapa a la realidad: malos servicios producto de la falta de inversión y de la medida populista de planchar las tarifas que obligan a las empresas a no realizar la atención que demanda el servicio. Un círculo, el más vicioso de la inacción y de una política que gobernó el país por más de dos décadas. Situación, además, que no escapa a la administración de Cambiemos que pese a intentar la liberación de las tarifas, hizo muy poco para la reconversión de un sistema obsoleto.
La Argentina sigue pues sumida en esa espiral de crisis, con un tiempo que se termina para la política, y la comunidad.